{"id":559,"date":"2017-10-31T18:18:00","date_gmt":"2017-10-31T18:18:00","guid":{"rendered":"https:\/\/luisalen.com\/?p=559"},"modified":"2023-02-07T21:42:24","modified_gmt":"2023-02-07T21:42:24","slug":"informacion-discriminatoria-en-la-desaparicion-de-santiago-maldonado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/luisalen.com\/?p=559","title":{"rendered":"Informaci\u00f3n discriminatoria en la desaparici\u00f3n de Santiago Maldonado\u00a0"},"content":{"rendered":"\n

Opini\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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\"\"<\/figure>\n\n\n\n

La Constituci\u00f3n de la Argentina, desde 1994, ha conferido jerarqu\u00eda constitucional, entre otros instrumentos, a la Declaraci\u00f3n Americana de Derechos y Deberes del Hombre, a la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos, a la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos y al Pacto Internacional sobre derechos civiles y pol\u00edticos. Dicho repertorio internacional se empalma con las libertades \u201chist\u00f3ricas\u201d; en especial, las consagradas desde 1853 en los art\u00edculos 14 y 19, respectivamente, de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

Una comprensi\u00f3n m\u00ednima de la Constituci\u00f3n es concebirla como norma procesal: determina cauces para decidir qui\u00e9nes han de ser los servidores p\u00fablicos que gobernar\u00e1n y c\u00f3mo deber\u00edan ser elegidos y el haz de sus atribuciones. Para que pueda imponerse dicho rol procesal, se requiere, entre otros elementos, que todos los ciudadanos dispongan del derecho a la comunicaci\u00f3n, porque una constituci\u00f3n solamente puede ser sostenida por los ciudadanos; caso contrario, ser\u00e1 una hoja de papel. <\/p>\n\n\n\n

El derecho a la comunicaci\u00f3n incluye la libertad de pensamiento y expresi\u00f3n, posibilitando a cada habitante del pa\u00eds buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda \u00edndole, sin consideraci\u00f3n de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o art\u00edstica, o por cualquier otro procedimiento de su elecci\u00f3n. Se trata de un derecho cuyo ejercicio est\u00e1 sometido al principio de responsabilidad ulterior; adem\u00e1s, la censura previa se encuentra, por v\u00eda de principio, prohibida. \u201cDi lo que quieras, hazte cargo luego de las consecuencias de tus dichos\u201d. Con madurez: el ciudadano requiere informaci\u00f3n sana para la construcci\u00f3n de la democracia, directamente ligada a su calidad de vida y bienestar. Espec\u00edficamente, adem\u00e1s, en la CADH, se proh\u00edben mecanismos de censura indirecta como el monopolio del papel para peri\u00f3dicos. Sin embargo, desde hace a\u00f1os la Argentina, fen\u00f3meno que se repite en Am\u00e9rica del Sur, se encuentra sometida por un \u201cbloque hegem\u00f3nico medi\u00e1tico\u201d blindado que opera en todo sitio, tiempo y sin pausas: radio, televisi\u00f3n, gr\u00e1fica, redes sociales. \u00bfQu\u00e9 hacen? Falsean informaci\u00f3n; persisten en la creaci\u00f3n de una \u201cposverdad\u201d que es lisa y llanamente una mentira; indican la voluntad sistem\u00e1tica de denigrar a un grupo por su origen o una persona por su individualidad. <\/p>\n\n\n\n

Esta tarea discriminatoria en la difusi\u00f3n de informaci\u00f3n se encuentra prohibida por los instrumentos internacionales de Derechos humanos citados, que desde 1994 gozan de jerarqu\u00eda constitucional. A pesar de la tensi\u00f3n que ese monopolio genera, las propias autoridades p\u00fablicas que deber\u00edan actuar de oficio para el cese de la discriminaci\u00f3n negativa, que debilita la formaci\u00f3n de la opini\u00f3n ciudadana, lejos de actuar para impedirlo parecen seguir los dictados de ese poder cada vez m\u00e1s concentrado. <\/p>\n\n\n\n

Desde el mismo momento de la denuncia de la desaparici\u00f3n de Santiago Maldonado, ese bloque hegem\u00f3nico medi\u00e1tico dominante, cumpli\u00f3 con la tarea de desinformar o informar falsamente a la ciudadan\u00eda. Incluso hasta llegar al propio \u201cnegacionismo\u201d: reinterpretar a su antojo los hechos, construir una propia realidad y desligar por completo de responsabilidad  a las autoridades constitucionales, cuyo deber prioritario es respaldar la seguridad y con ella posibilitar la coexistencia en paz. <\/p>\n\n\n\n

Las noticias divulgadas sobre el caso de Santiago Maldonado muestran el accionar de esos medios. La figura del joven v\u00edctima fue o menoscabada (se lo llam\u00f3 casi despectivamente \u201cel artesano, el tatuador\u201d) o directamente demonizada, present\u00e1ndolo como militante de una oscura guerrilla separatista que busca la destrucci\u00f3n del Estado. Paralelamente, a la comunidad mapuche se la present\u00f3 como un grupo cerrado, hostil, \u201cantiargentino\u201d que impidi\u00f3 el accionar de los investigadores y que de alguna manera podr\u00eda ser responsable de la tragedia. Ninguna pseudo informaci\u00f3n de las desparramadas durante estos tiempos fue confirmada, sino que la \u00bfmisteriosa? aparici\u00f3n del cad\u00e1ver desminti\u00f3 todas y cada una de las falsas \u201cverdades\u201d publicadas. Esta actitud, adem\u00e1s, viola el mandato constitucional, tambi\u00e9n instalado en 1994, que reconoce \u201cla preexistencia \u00e9tnica y cultural de los pueblos ind\u00edgenas argentinos\u201d y la garant\u00eda de la \u201cposesi\u00f3n y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan\u201d (art\u00edculo 75, inciso17). <\/p>\n\n\n\n

\u00bfHasta ahora que se sabe de Santiago? Que, tristemente, ha muerto; en el contexto de una represi\u00f3n llevada a cabo por la Gendarmer\u00eda. Pese a ello, ese mismo bloque medi\u00e1tico blindado que ac\u00e1 se cuestiona, inunda de \u201cinformaci\u00f3n\u201d no comprobada y endiablada. <\/p>\n\n\n\n

En un Estado constitucional, todo ciudadano tiene derecho a la informaci\u00f3n; su violaci\u00f3n, por la orquestaci\u00f3n de las v\u00edas aqu\u00ed denunciadas, conspira con cualquier hip\u00f3tesis sobre el presente y el porvenir de la estabilidad y progreso de las instituciones republicanas. <\/p>\n\n\n\n

 Por Luis H. Al\u00e9n (Profesor titular de Derecho a la informaci\u00f3n, Facultad de Ciencias Sociales, UBA) y Ra\u00fal Gustavo Ferreyra (Profesor titular de Derecho constitucional, Facultad de Derecho, UBA)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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