Viva la muerte

Cuentan que, al principio de la guerra civil española, José Millán-Astray, un general falangista que oficiaba de jefe de la Oficina de Prensa y Propaganda para el franquismo, en un acto del 12 de octubre de 1936 en la Universidad de Salamanca, mientras pronunciaba un discurso Miguel de Unamuno, prorrumpió en gritos vociferando “Muera la inteligencia… ¡Viva la Muerte!” El filósofo le respondió “Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir. Y para persuadir necesitaríais algo que os falta: razón y derecho en la lucha”. Imposible no recordar el episodio, frente a lo ocurrido este fin de semana, cuando un grupo de militantes de la derecha reaccionaria sembró de bolsas de residuos que simulaban contener cadáveres la Plaza de Mayo. Un hecho que se inscribe en la lógica que se desprende de las acciones que esa derecha viene desplegando desde los principios de nuestra historia. Y que tiene como vocera principal a la Tribuna de Doctrina. Que por cierto no condenó el suceso ni mucho menos a sus autores, sino que prefirió reproducir las reacciones que el arco opositor vomitó con su odio y su falta de inteligencia de costumbre frente al discurso con que Alberto Fernández inició las sesiones legislativas de este año. No faltaron los dichos de Sandra Pitta, convertida en referente de Juntos por el Cambio no precisamente por la agudeza de sus investigaciones sino por la violencia de sus manifestaciones. Continuando una saga iniciada en 2019, cuando dijo que la dictadura genocida había sido la que más invirtió en el CONICET, y justificó el desfinanciamiento de las universidades públicas porque debían limpiarlas de jóvenes rebeldes, ahora proclamó “hay que pisarlos cuando volvamos”, para aclarar más tarde que “Me rectifico por lo ayer. No hay que pisarlos. Hay que aplastarlos como cucarachas roñosas que siempre reaparecen para hundirnos más en la anomia”. Toda una declaración de principios, que seguramente hubiera merecido el aplauso de MillánAstray. Es que los anuncios del Presidente generaron el rechazo de los dueños del poder y sus sirvientes, que vieron amenazados sus intereses. Por eso LA NACIÓN reprodujo los dichos de Carlos Rívolo, titular de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación, que entrevistado por Radio Mitre (cuál otra…), dijo que la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo “es casi un pelotón de fusilamiento”. ¿De dónde sacó tal conclusión el fiscal en cuestión? Vaya uno a saber. Por cierto que no de sus conocimientos jurídicos, que no le permiten advertir que es competencia del Poder Legislativo sancionar leyes que pueden reformar la composición de los tribunales, incluir nuevos y definir sus atribuciones, como sería el caso del anunciado Tribunal de Garantías Federales. Por si acaso y antes de conocer siquiera el texto del proyecto que debería tratar el Congreso, Rívolo -apellido tan parecido a frívolo que es una tentación-, dice que “esa competencia ya la tiene la Corte”. De qué competencia habló, ni él mismo lo sabe. Lo que sí sabe es que hay que oponerse a cualquier iniciativa que intente conseguir que el sistema de administración de justicia se ocupe de eso, de administrar justicia, en lugar de ser, como lo hacen ahora los tribunales federales de Comodoro Py, con sus Cámaras de Apelación y de Casación (con alguna honrosa excepción), y la Corte Suprema (El fiscal Carlos Rívolo, contra la reforma del Ministerio Público: “Es casi un pelotón de fusilamiento“, nota del 02/03/2021). Carlos Pagni pretende dar explicaciones un poco más fundamentadas en las que no duda en recurrir a Michel Foucault, pero desde el mismo título de su nota sigue la ruta mortuoria: “Murió el albertismo, antes de nacer” (02/03/2021). Los escribas del mitrismo se la pasan anunciando la muerte de cualquier expresión del movimiento nacional y popular desde hace tiempo. Y no les importa que sus predicciones no se cumplan, insisten con la esperanza de que en algún momento tanta muerte pronosticada se haga realidad. Pagni parte de definir a Alberto Fernández como un presidente débil, “un hombre que viene muy golpeado”, y al que no le queda otro remedio que recostarse sobre quien lo puso en el poder: la siempre odiada Cristina. Pagni no vacila en mentir -otra característica de los columnistas del pasquín de los MitreSaguier-, y escribe que “en un momento crucial que tiene que ver nada más y nada menos que con las vacunas en medio de una pandemia el pueblo fue dejado de lado y la élite (el Gobierno) se quedó con el beneficio”. Nadie discute que lo que ocurrió en el Ministerio de Salud fue una falta ética imperdonable. Que ocasionó la salida del gobierno del Ministro González García. Y que benefició a un número muy limitado de personas, muchas de ellas que no solo no forman parte del gobierno sino que no ahorran críticas en su contra, como el caso de Eduardo Alberto Duhalde y su familia. Falta que aparece como inexplicable a poco que se advierta que los que fueron vacunados integraban los grupos de riesgo o desempeñaban funciones que los autorizaban a recibir lo que en su momento la inefable Elisa Carrió definió como un veneno. Y que ahora es reclamado a voz en cuello por quienes primero rechazaban cualquier posibilidad de recibir la ayuda rusa. Pero lo cierto es que el gobierno ha repartido a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, equitativamente, las vacunas recibidas, sean las Sputnik V, las de Oxford-AstraZeneca o las de Sinopharm. Lo que está claro es que esa falta ética fue resuelta con la renuncia del Ministro, y que mal que les pese a los escribas de LA NACIÓN no constituye delito alguno, como bien lo señaló oportunamente el Presidente. El diario no se privó de publicar que un grupo de estudiantes de derecho retaba a Alberto Fernández a sostener sus dichos en un aula de la Facultad. Noticia engañosa, ya que no era “un grupo de estudiantes” el núcleo cuestionador sino una organización política estudiantil, Franja Morada, que responde a uno de los partidos que conforman la alianza opositora. En realidad, lo que debió ocurrir tras ese comunicado era la revisión de los legajos de sus firmantes, para ver si habían aprobado Derecho Penal porque lo que sostenían iba en contra de principios elementales de dicha disciplina y demostraba su desconocimiento de la materia. Las faltas éticas, ha dicho pacíficamente la jurisprudencia nacional desde siempre, por repudiables que sean están exentas del castigo penal. Claro que nuestros jueces y fiscales han demostrado ser muy creativos y no atarse a la letra fría de la ley sino a los dictados de sus mandantes. Volviendo a Pagni, sostiene que “Todo este enredo hace que Fernández vuelva sobre los propios y se subordine a Cristina. ¿Qué significa esto? Adoptar una serie de conflictos a través de los cuales ella delimita los contornos del oficialismo y separa entre ‘nosotros’ y ‘ellos’. Estos son las disputas con la prensa, la Justicia, la oposición, el Fondo Monetario Internacional y el empresariado”. Uno se pregunta si estos escribas no se cansan de repetir, semana a semana, columna a columna, la misma cantinela del sometimiento del Presidente a su Vice, cuestión que vienen reiterando desde la misma conformación de la fórmula del Frente de Todos. Cada vez que alguno de los dos habla, saltan los herederos de don Bartolo a tratar de convencer a sus lectores de esa perversa relación. De la cual nunca pudieron ofrecer una prueba concreta, lo cual no constituye un obstáculo para que Pagni insista: “¿Qué significa el día de hoy con esta subordinación? Que el albertismo murió. Un albertismo que nunca había nacido, pero hoy terminó de morir. Aquello que nunca había visto la luz. Sindicalistas, gobernadores, intendentes del conurbano y empresarios que pensaron que Alberto Fernández les daba una plataforma para entrar en tensión con el kirchnerismo, hoy dan de baja esa expectativa definitivamente con el discurso del Congreso. Y quedó claro lo que todos sabíamos: manda Cristina”. Habría que preguntarle al columnista cómo es posible que algo que, en sus palabras, nunca había visto la luz, de repente muere. Una imposibilidad fáctica que no puede escapársele a alguien sagaz como Pagni, pero que le sirve para volver sobre lo mismo: la que manda es Cristina. Algo es algo, el columnista nos cuenta que “ha habido una errónea judicialización de temas que no son susceptibles de ser judicializados”. Sería bueno que se lo cuente a sus compañeros de pasquín y a los jueces y fiscales que no lo saben. Cita como ejemplos de ese error al entendimiento con Irán, la política monetaria, la política cambiaria y el dólar futuro. Es cierto que todos esos casos fueron producto de la inventiva de magistrados siempre dispuestos a satisfacer los deseos de los poderosos, pero también lo fueron muchos otros que no merecen el repudio de Pagni. Que si hace esta cita es porque quiere arremeter contra el anuncio de Alberto de la presentación como querellantes en la investigación de los acuerdos con el FMI. Para lo cual no vacila en volver a mentir, y a equiparar lo actuado por Macri y sus secuaces con el desempeño de Martín Guzmán. Porque no es cierto que “con la misma lógica que habría que hacerle una denuncia penal a Macri por el endeudamiento con el Fondo habría que hacer una denuncia por este endeudamiento de su propio gobierno, contra Fernández”. Macri y su pandilla no cumplieron con el marco regulatorio que impera en relación a la toma de deuda con los organismos internacionales, obviando la necesaria intervención de organismos de control y del Poder Legislativo, y aplicaron los dólares recibidos a facilitar la fuga de divisas perpetrada por sus amigos. Guzmán intenta reparar los destrozos causados por el macrismo y los que intenta perpetrar ahora nuestra derecha, con sus maniobras en los mercados. Que no cesa en sus intentos de crear el caos en la coalición gobernante, por eso Pagni dice que Guzmán enfrenta la oposición del kirchnerismo, y que “Cristina le está dinamitando su acuerdo con el Fondo”. Y que Massa prepara un regalo en forma de subsidio multimillonario para sus amigos ahora a cargo de Edenor, Manzano, Vila y Filiberti, los intendentes del conurbano buscan saltearse la ley que prohibe una segunda reelección y para eso cuentan con los servicios del Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien debería conseguirles el juez que legalice su deseo, lo que para Pagni es “otra prueba de fuego de si estamos ante un grupo de representantes políticos o ante una casta, que convierte al Defensor del Pueblo en defensor de sus intereses corporativos”. Pagni no es el único escriba preocupado. También el 02/03/2021, Joaquín Morales Solá nos cuenta el “Adiós a la promesa de abandonar la grieta” consumado con el discurso de Alberto en el Congreso, que “fue un boceto perfecto de las posiciones de Cristina Kirchner” a quien, como sabe todo lector del pasquín mitrista, “sigue reconociendo como su jefa”. Al escriba que inició sus actividades cubriendo en Tucumán el Operativo Independencia, que se desplegó a través de las más aberrantes violaciones masivas de los derechos humanos, sin que conste que haya hecho ninguna denuncia de esos hechos aberrantes que no podía ignorar, sí le molestó que el Presidente se haya referido al Ingeniero sin ingenio y sus secuaces. “Desde el primero hasta el último párrafo de su interminable discurso, el Presidente se encargó de flagelar al gobierno de Macri”. De lo que se encargó Alberto Fernández fue de puntualizar algunas de las muchas tropelías que esa banda de delincuentes comandada por el domador de reposeras cometió en contra de los intereses del pueblo. Seguramente a Morales le molestaron mucho más las iniciativas detalladas por el Presidente, y la posibilidad de que las mismas se concreten en poco tiempo más. Aunque no lo diga. El escriba reconoce algo: “Alberto Fernández no es un neófito en política, y menos en política electoral. Sabía lo que estaba haciendo. Estaba mostrándole al público antikirchnerista quién es el referente de ese sector de la sociedad”. Reconocimiento que a continuación desmereció, al señalar que “sus palabras chocaron de frente con su promesa de abandonar la grieta. Profundizó todavía más lo que ya es un abismo que separa a cerca del 40 por ciento de la sociedad, si se juntan los dos bandos enfrentados”. Morales Solá no puede desconocer que esa grieta es producto de la acción continuada en el tiempo que el sector para el que trabaja ha desarrollado, para someter a sus intereses a las grandes mayorías populares y recurriendo a cualquier método que les fue útil, incluyendo las múltiples dictaduras y sus crímenes horrendos. Mal puede, entonces, culpar de la grieta a Alberto Fernández. En todo caso, debería reconocer que son sus mandantes los que se obstinan en mantener las diferencias insalvables que dividen a quienes, desde sus distintas posturas políticas, pretenden un país que viva en democracia, de los que históricamente la atropellaron y siguen haciéndolo.  Una cuestión que tiene un claro olor a la defensa de intereses, no precisamente los del común de la gente, es la que Morales planteó luego, cuando dijo que “Detengámonos con todo en el tema de la Justicia. El objetivo está claro: vaciar de poder a la Corte Suprema de Justicia, a la que zamarreó como pocas veces se vio ni se escuchó”. Era hora de que alguien lo hiciera. Lo que es claro es que lo planteado por el Presidente, como la creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales, entra dentro de los atributos del Congreso. Es falso que “la idea tiene un problema insalvable de origen: es inconstitucional”. Nada en el texto de la Ley Fundamental se opone a la creación de este tipo de Tribunal. Se puede pensar que el mismo será bueno o no, pero lo cierto es que no es inconstitucional. También es falso que la puesta en marcha de una nueva serie de disposiciones del Código Procesal Penal aprobado hace años pero que solo rige en un par de provincias constituya “un indulto encubierto a Cristina Kirchner, que requerirá del paso del tiempo”. Es mentira, simplemente porque el indulto es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. No la puede ejercer el Legislativo, ni puede ser consecuencia de la aplicación de las leyes de procedimiento que rigen el accionar de los tribunales. Y Morales lo sabe. Como sabe que las alusiones a Carlos Stornelli no son difamatorias, sino que se corresponden con una realidad judicial, su procesamiento dispuesto por el Juzgado Federal de Dolores y confirmado por la Cámara Federal de Mar del Plata. Decir algo que responde a la realidad no constituye difamación alguna. Morales debería indignarse, si le preocupa tanto la salud de las instituciones de la República, porque Stornelli siga siendo fiscal. Al final de su libelo, el escriba no se priva de defender a sus patrones, y se ofende porque “En la panoplia de enemigos no podía faltar (y no faltó) la alusión a los medios periodísticos. Ya sea porque informan mal sobre una pobre estirpe gobernante o porque ocultan verdades que son definitivas y únicas”. No son medios periodísticos. Son conglomerados económicos que entre otras cosas son propietarios de medios de comunicación. Leyendo bien a don Joaquín, se le escaparon, una vez más, algunas cosas ciertas, como que esos medios -para los que él trabaja- informan mal y ocultan verdades. Como ha hecho LA NACIÓN a lo largo de su historia, siempre fiel a los mandatos de su fundador. El 1 de marzo se cumplieron 151 años de la muerte en Cerro Corá, en desigual combate, defendiendo la libertad de su pueblo, del Mariscal Francisco Solano López, junto a su hijo de tan solo 14 años, Panchito. De ese crimen, como de tantos otros que sufrieron los verdaderos próceres de nuestra Patria Grande, fue responsable Bartolomé Mitre. Quienes siguen las ideas del funesto fundador de la Tribuna de Doctrina, órgano de la derecha vende patria, manifestaron su odio con la exhibición de simulacros de cadáveres en la Plaza de Mayo. Como a lo largo de la historia, glorificaron el terror y gritaron viva la muerte. Contra ellos debemos defender una vida en democracia, libre y plena de derechos. No olvidemos, no perdonemos, no nos reconciliemos nunca con los pregoneros del odio y la muerte.