El cartero llama dos veces

A veces, la realidad argentina recuerda títulos de la literatura o el cine. Vale la pena recordar la cita de Oscar Wilde: “Aunque pueda parecer una paradoja -y las paradojas son siempre cosas peligrosas-, no por ello es menos cierto que la Vida imita al arte mucho más de lo que el Arte imita a la vida”. Estos días que van acercando los primeros balances del año que vivimos en peligro, la política quedó signada por dos cartas, fuertemente contrapuestas, y que expresan en gran medida las contradicciones que sacuden al país desde el mismo comienzo de su historia independiente. Cristina Fernández de Kirchner puso en blanco sobre negro muchas de las cuestiones que precisan una urgente resolución. Comenzó por destacar la tarea del Senado. Treinta y dos sesiones, doscientas quince reuniones de comisiones, doscientos ochenta y cuatro exposiciones de invitados, cuarenta leyes aprobadas, ochenta y siete proyectos de ley a los que se les dio media sanción, marcan una intensa actividad que hacía tiempo que no se veía y que se desarrolló a pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia. Cristina detalló los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo que fueron aprobados: Presupuesto 2021, la Sostenibilidad de la deuda, Solidaridad social y reactivación productiva, Aporte solidario extraordinario, Protección y beneficios al personal de Salud, Fondo nacional de la Defensa, Capitales Alternas, Reforma del Ministerio Público, Manejo del fuego, Góndolas, Etiquetado frontal, Alquileres, Cuidados paliativos, Telesalud, Receta electrónica, Economía del conocimiento, Grooming, Teletrabajo, Fibrosis quística, Educación a distancia. No solo destacó el trabajo legislativo: señaló que “En su ámbito, el Poder Ejecutivo sin duda ha hecho un gran esfuerzo para afrontar dos tragedias. Una anunciada y otra inesperada. La primera: la economía arrasada del macrismo. La segunda: la pandemia inédita”. Y allí indicó el rearme del sistema sanitario, la reestructuración del 99% de la deuda externa, y las medidas de auxilio a los sectores más desprotegidos, como el IFE y el ATP. Pero el punto neurálgico de su texto puso el acento en el tercer poder del estado: el Judicial. Porque con total claridad indicó que “la actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”. Resaltó la diferencia entre la renovación de la Corte efectuada por Néstor Kirchner, cuando se terminó con la mayoría automática y se consagró un nuevo sistema para la elección de los Ministros de ese tribunal, que logró restaurar el prestigio perdido en largos años de fallos ajustados al interés de los poderosos pero contrarios a lo que es una verdadera administración de justicia. Esa Corte renovada fue la que declaró la inconstitucionalidad de las nefastas leyes de Punto Final y Obediencia Debida, anuló los indultos decretados por Carlos Menem a favor de los genocidas, reconoció los fallos y resoluciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y consagró la constitucionalidad de la ley de servicios de comunicación audiovisual. De los Ministros entonces designados, lo que queda hoy  muestra la decadencia de la Corte y el retorno a las viejas prácticas que parecían desterradas. Porque con la nueva ola neoliberal, que arrasó con la institucionalidad democrática entre los diciembres de 2015 y de 2019,el macrismo lo primero que intentó fue designar jueces de la Corte en comisión. Recién frente al escándalo que se desató, tomó la senda constitucional para proponer a esos mismos jueces que habían aceptado ser designados en violación de lo que establece la Ley Fundamental. Y lamentablemente se les dio el acuerdo. Vendría después el intento de terminar con los juicios por crímenes de lesa humanidad, con el fallo del 2 x 1 que no pudo mantenerse debido al enorme repudio que generó en la sociedad y que se expresó en las multitudinarias marchas de repudio. El Poder Judicial del macrismo funcionó coordinado por una Mesa Judicial que establecía el ritmo de la persecución a los opositores al tiempo que solidificaba la impunidad de quienes llevaban adelante el saqueo de las arcas del Estado y la fuga de capitales más escandalosa. Todo sin que la Corte pensara que debía hacer algo al respecto. Esta es la Corte que tarda en promedio más de tres años y medio para estudiar las sentencias de los genocidas, que no resuelve los planteos que se le hacen en torno a la invalidez de pruebas obtenidas extorsivamente, que tampoco opina sobre la negativa de los tribunales a producir prueba sustancial para la determinación de la existencia o no de delitos, que se compone de dos Ministros que aceptaron ser designados en abierta violación a la Constitución, de otros dos que los aceptaron como compañeros en el Tribunal, y una más que se mantiene en el cargo gracias a un amparo que dice, en resumidas cuentas, que la constitución es inconstitucional. Disparate que no resiste el menor análisis.  Dice Cristina: “De aquella Corte, hoy no queda absolutamente nada. De los 4 miembros que propuso Néstor Kirchner, la Dra. Carmen Argibay (magistrada independiente si las hubo) falleció y el Dr. Zaffaroni, reconocido a nivel internacional como uno de los mejores penalistas del mundo, renunció al cumplir los 75 años de edad en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 99, inc. 4 de la Constitución Nacional y de la propia jurisprudencia de la Corte que integraba. La descripción de los hechos que protagonizaron los dos restantes miembros propuestos por Néstor para integrar la Corte, me eximen de mayores comentarios. Uno de ellos es el que se fotografiaba con el Juez brasileño Sergio Moro y con Claudio Bonadío. El primero -Sergio Moro- es el que sin pruebas metió preso al ex presidente del Brasil, Inacio Lula Da Silva, impidiéndole ser candidato a presidente y posibilitando la llegada al poder de Jair Bolsonaro, quien lo premió designándolo, en un escándalo sin precedentes, como su Ministro de Justicia. El segundo nunca rindió un examen para ser magistrado e integro la célebre lista de los ‘jueces de la servilleta’. Bonadío se autodefinía como un practicante del ‘derecho penal creativo’: aberración jurídica si las hay y auténtico eufemismo del lawfare y la persecución a dirigentes populares… La otra integrante que Néstor propuso, no sólo no renunció a su cargo al cumplir los 75 años de edad -como lo hiciera el Dr. Zaffaroni-, sino que además recurrió a un Juez de primera instancia para que le permitiera permanecer en el cargo en acuerdo con el Gobierno de Cambiemos -que no apeló aquella resolución judicial- y en abierta violación a la jurisprudencia de la misma Corte Suprema y a lo dispuesto por la Constitución Nacional. El macrismo en el Poder completó la fotografía de la Corte actual, cuando a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia intentó nombrar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como miembros de la Corte Suprema. Lo más terrible de aquel episodio fue que quienes debían garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes en todo el País, aceptaron ser designados por decreto sin cumplir lo que prescribe la Constitución Nacional y las leyes, que exigen un procedimiento determinado y preciso para cubrir las vacantes de la Corte”. ¿Quién puede cuestionar la absoluta veracidad de los dichos de la Vicepresidenta? Sigue su exposición: “De los tres poderes del Estado, sólo uno no va a elecciones. Sólo un Poder es perpetuo. Sólo un Poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”. Otra descripción incuestionable. Y remata: “Si además de todo eso, ese Poder sólo es ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos control alguno.Bueno. Si esto sigue sucediendo en nuestro país, estaremos muy lejos de construir la República y la Nación que, estoy segura, anhelamos la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas”. La conmoción que produjo la carta en los columnistas de LA NACIÓN es fácilmente comprensible. Porque esa Corte que está muy lejos de cumplir con su misión de ser la garante de los derechos de todas y todos, de resguardar el cumplimiento de la Constitución y el respeto irrestricto por los derechos humanos, es la Corte que recibe sus alabanzas cuando falla de acuerdo a los intereses de la derecha, y la que se somete a sus presiones cuando parece que podría resolver conforme a derecho y no a los intereses que la Tribuna de Doctrina representa. “Ataque al sistema republicano”, tituló Carlos Pagni el 10/12/2020.  Sostuvo que “La diatriba de Cristina Kirchner sobre el máximo tribunal, de la que sólo se salvó el juez Juan Carlos Maqueda, tiene tres fragilidades estructurales. La primera, es que constituye un agravio estridente a la división de poderes que, mientras no se reforme la Carta Magna, sigue siendo una viga maestra del sistema institucional argentino. La segunda, es que es un acto de impotencia: en vez de escribir cartas, la jefa del peronismo debería conseguir los dos tercios del Senado necesarios para iniciar el juicio político sobre los magistrados incorrectos. La tercera es la más penosa: la señora de Kirchner está imputada en causas que se tramitan ante la Corte”. Pagni sostiene cosas que no son, como es costumbre. Porque criticar a la Corte por no cumplir su deber no agravia la división de poderes, que de ninguna manera excluye la posibilidad de crítica de los miembros de uno de los poderes hacia los miembros de los otros. Para iniciar un juicio político contra los Ministros de la Corte, los que son necesarios son los dos tercios de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. Los dos tercios del Senado son necesarios para la condena. Cualquier imputado tiene derecho a ejercer su defensa. Dentro de ese derecho está la posibilidad de acusar a los magistrados que en lugar de cumplir con su tarea arrasan con las garantías del debido proceso, sean del tribunal que sean. Pero la verdad y lo que escriben los mitristas son dos cosas bien distintas. La cosa merece hasta una editorial, la del 11/12/2020 que se titula “Cristina Kirchner, contra la República”. Para el editorialista,  “La carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner que denuesta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación marca un antes y un después en el respeto -o la falta de respeto- a la división de poderes de la República. Es un hecho gravísimo, sin precedente, que la más alta funcionaria dependiente del Poder Ejecutivo y al mismo tiempo presidenta de una de las dos cámaras del Congreso se dirija a otro de los poderes del Estado en el tono agraviante con el que lo ha hecho”. Para LA NACIÓN, los múltiples golpes de estado que aplaudió y patrocinó, que arrasaron con constituciones, tribunales y todas las instituciones democráticas, a más de ocasionar miles y miles de víctimas, no fueron agraviantes. En cambio, que alguien, dentro del sistema democrático y ejerciendo su derecho a la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión diga lo que piensa de la institución más desprestigiada (conforme lo dicen las encuestas de opinión que el propio pasquín de don Bartolo suele publicar), es un hecho gravísimo. Los criterios éticos y morales de LA NACIÓN -o su absoluta falta- permiten a sus editorialistas decir cosas como esta. Y también atacar al Presidente, diciendo que “Es lamentable, también, que Alberto Fernández haya declarado ayer que comparte muchos de los argumentos de la infamante carta de la vicepresidenta. Lamentable, pero esperable, ya que no ha mostrado el Presidente independencia respecto de la exjefa del Estado cuando ya en agosto pasado esta le enrostró públicamente que la reforma judicial que había enviado al Congreso para su debate no contemplaba la reestructuración que ella pretendía y, por lo tanto, que no era esa la ley que iba a aprobarse llegado el momento”. Vale para Alberto lo mismo que para Cristina, en relación a su derecho a expresarse libremente. Por otra parte, qué tiene de extraño que dos miembros de una misma coalición, que compartieron la fórmula triunfante en las elecciones de octubre de 2019, tengan pensamientos similares. Claudio Jacquelin el 12/12/2020 sostiene que “Cristina vuelve a los buenos viejos tiempos”. Lo que no llega a comprender es que ese título, que pretende ser una crítica sarcástica, lo que expone es una realidad. Hubo buenos tiempos en el país, y fue cuando gobernaron aquellos que LA NACIÓN combate.  Dice el escriba que “Un exministro de Néstor Kirchner decía que para el expresidente el largo plazo era el fin de semana… El macrismo, en cambio, se autoproclamó largoplacista. Su famoso eslogan ‘haciendo lo que hay que hacer’ presumía de visión de futuro… Cristina Kirchner no delegó todo y prefiere reeditar ‘viejos buenos tiempos’. Apunta a llevar la Corte a 2003 y volver a descabezarla (para su tranquilidad). Sus plazos, como su paciencia, son cortos. Aunque los efectos, duraderos. ‘Vamos a volver’, cantaban sus seguidores. Volvieron. ‘Cristina eterna’. Paradojas de los tiempos políticos”. Casi un resumen de las frustraciones del escriba y sus mandantes. Las promesas de futuro que se revelaron falsas. Y la voluntad popular, que puede equivocarse alguna vez pero que tercamente insiste en su vocación liberadora. Y vuelve. Entonces los escribas vuelven a un viejo deseo, que hasta ahora no se acerca ni mínimamente a la realidad: la pelea entre Cristina y Alberto. Dividir para reinar, dice el viejo dicho. Por eso Héctor M. Guyot el 12/12/2020 cuenta que “La vice le puso un aplazo al Presidente”.  Aunque nada en la carta de Cristina permite sostener tal aserto, ya se sabe que para los columnistas de los Mitre-Saguier la realidad no importa, sino que lo importante es lo que ellos dicen. Guyot inventa que “El dictamen más severo acerca del primer año de Alberto Fernández en la Casa Rosada no provino de un analista político, sino de la vicepresidenta. Fue un aplazo. El Presidente asumió con un mazo de cartas marcadas para ensayar un solo truco mientras mantenía la estantería en pie. La cristalería se le vino abajo por efecto combinado de la pandemia y la incompetencia, y el truco al que se obligó no está saliendo bien. Al tal punto, que aquella que le encomendó el pase de magia se vio impelida a salir al ruedo para calmar su ansiedad y apurar las cosas”. Ni hay cristalería rota ni hubo aplazo. Por el contrario, como surge del texto de Cristina lo que hay es un señalamiento de las cosas que se hicieron, a pesar del desastre heredado y la pandemia imprevista. Claro que lo que en realidad más les preocupa es el señalamiento al Poder Judicial. Guyot entiende que “El ataque feroz que Cristina Kirchner lanzó contra la Corte Suprema en su quinta epístola a los argentinos marca un punto de inflexión en la madre de todas las batallas. Confirma de modo explícito que la lucha por el estatuto de la verdad es la única preocupación de la vicepresidenta. Allí se juega su impunidad. Cristina está decidida a imponer, tanto a la Justicia como a la sociedad, la idea del lawfare. Es decir, que las nueve causas de corrupción que se le siguen son el fruto de un complot de la prensa y los jueces para perseguirla a ella y a sus funcionarios. Del otro lado, tambaleante, está la Constitución, que deposita en los jueces la tarea de establecer, mediante el debido proceso y sobre la base de prueba fehaciente, la verdad de los hechos”. Si uno desglosa las cuestiones que plantea, va entendiendo el por qué de tanta preocupación. Se le escapa al columnista una verdad: que la lucha es por el estatuto de la verdad. Es cierto. Como lo es que existió el complot de empleados de los medios (me sigo resistiendo a nombrarlos como la prensa), jueces y le faltó señalar, los funcionarios del macrismo y el entramado de espías reales o presuntos, fuerzas de seguridad y mesas judiciales. La Constitución está tambaleante justamente porque aquellos que deberían defenderla la profanan. Cualquiera que analice los juicios señalados va a entender que el debido proceso estuvo ausente y que no hay prueba fehaciente que sostenga las acusaciones. Todo se está viniendo abajo, por obra y gracia de unos pocos jueces y fiscales que cumplen su deber y van sacando a la luz las monstruosidades cometidas. La esperanza del mitrismo está en la Corte, por eso su preocupación en defenderla. Como lo hace Joaquín Morales Solá el 13/12/2020, cuando dice que “Cristina logró lo imposible: unir a la Corte”. Los argumentos son repeticiones de lo que ya estaba escrito en otras columnas. Ya estaba dicho que Cristina “parece decidida a gobernar la nación política a golpe de epístolas. La última misiva, que escribió con motivo del primer aniversario del gobierno de su creación, tenía dos objetivos. Marcar la genialidad de su conducción al frente del Senado y subrayar su rencor, que es profundo y eterno, hacia cada uno de los miembros de la Corte. En síntesis, ella es perfecta, y Alberto Fernández no ha hecho nada”. Solo vale repetir entonces que en la carta se destacan los logros de los dos Poderes electos por el voto popular, el Legislativo y el Ejecutivo, y se critica a la Corte Suprema como cabeza del tercer poder.  Morales dice que “Nunca, en los 37 años de democracia transcurridos, la cabeza de otro poder violó con tanto descaro el imprescindible principio de la independencia de la Justicia. Nunca otro funcionario de alto rango aprovechó su lugar institucional para incursionar en territorio de los jueces solo porque está siendo juzgado por los jueces. ¿Por qué habló con tanto detallismo de la Corte Suprema en el balance de un año de gestión si la Corte no asumió hace un año ni forma parte del gobierno que ella fundó. Para peor, Alberto Fernández se alineó en el acto, como de costumbre, con ella: ‘Lo que dijo Cristina es un llamado de atención para todos’, señaló el jefe del Estado. ¿También para él? Sí, seguramente. ¿Qué atribuciones tiene la vicepresidenta para llamarle la atención a la Corte? Ninguna que se conozca ni que la Constitución se la reconozca”. Iguales cosas que las dichas en la editorial ya mencionada. Otra vez vale preguntar dónde está la violación de la independencia de los poderes (la Constitución habla del Poder Judicial, no de la Justicia); dónde está la prohibición para que un miembro de un Poder critique la actuación de otro; qué tiene de extraño que el Presidente comparta las ideas de su Vice. Algunas cosas tiene que reconocer, Joaquín. Como que “Es cierto que Rosenkrantz y Horacio Rosatti fueron designados por decreto de Mauricio Macri en momentos en que el Congreso estaba en receso” (faltaba poco tiempo para que volviera la actividad legislativa y habían ministros suficientes en la Corte para que cumpliera sus tareas). O que “Es cierto que Ricardo Lorenzetti, al que no nombró, se reunió y posó para una fotografía con el juez brasileño Sergio Moro y con el juez argentino Claudio Bonadío”, que por cierto no eran entonces, ni pueden ser considerados ahora “dos jueces emblemáticos en la lucha contra la corrupción política”. Sobran razones para decir que los dos magistrados eran ejemplo de la persecución política a los opositores disfrazada de acción judicial. También debió reconocer que “Solo la referencia de Cristina a Elena Highton de Nolasco es irrefutable. La jueza debió volver a casa hace tres años, cuando cumplió los 75 años. Así se lo indica la Constitución y la jurisprudencia del propio tribunal que ella integra”. Algo es algo. Aunque al final Morales celebra que “En la Corte sucedió algo que se pareció a un acto de magia: desaparecieron las discordias anteriores. Cristina lo hizo. Ningún juez desistió de enfurecerse tanto como Cristina, aunque contra Cristina y contra el propio Presidente. Surgió en cambio un espectáculo imposible de imaginar un día antes de la carta rencorosa y desmesurada: el abroquelamiento del tribunal en una sola constelación de intereses. El interés fundamental de la Corte ahora es preservarse de la embestida cristinista”. Una sola constelación de intereses. Los que defiende LA NACIÓN, no los deberes que les impone la Constitución. La otra carta lleva la firma de Mauricio Macri. Que por un rato salió de su habitual tarea de no hacer nada. En su cuenta de Facebook apareció publicada la misiva en la que, como es costumbre en las piezas literarias que llevan su firma, no hay nada positivo. Como no lo fue su gobierno, que condenó a la marginación y a la pobreza a millones de argentinos, que comprometió el futuro de todas y todos con un endeudamiento monstruoso, que armó un sistema de persecución contra propios y extraños, pervirtiendo las instituciones para desviarlas de sus finalidades en una democracia para convertirlas en oficinas sometidas a los deseos del poder económico, que intentó detener el proceso de Memoria, Verdad y Justicia y que alentó el aprovechamiento de los recursos del Estado para el enriquecimiento de unos pocos, llevando adelante una gigantesca fuga de capitales. Un gobierno que no quiso escuelas ni hospitales, que excluyó de la educación a los pobres, que usó el gatillo fácil y la violencia institucional para provocar una serie de muertes aún no esclarecidas. Nada de eso aparece en el texto. Con un cinismo propio de quien se cree por encima del resto, solo por haber heredado una situación económica lograda a partir de manejos delictivos, como el mismo ingeniero sin ingenio reconoció al imputar tales hechos a su padre fallecido, arranca diciendo que “Creíamos que todos habíamos aprendido algo. Confiábamos en que había cosas que no iban a volver a suceder en la Argentina, que el gobierno partía de una posición más ventajosa que nosotros en 2015 y que la iba a aprovechar para profundizar lo que se había hecho bien. Teníamos la esperanza de que habían vuelto mejores”. ¿En qué mente perversa puede florecer la idea de que un país endeudado por varias generaciones, sin industria ni comercio, con los números de la pobreza en ascenso y los indicadores de la situación social por el piso, constituía una posición más ventajosa que la que enfrentó el macrismo en 2015? Únicamente en la visión de alguien que cree que los derechos de la gente no existen, sino que solo caben los deseos de los poderosos. Los párrafos siguientes son todavía peores. Muestran su preocupación por conservar los negocios ruinosos para la gente y solo beneficiosos para sus amigos que caracterizaron su gestión. Solo así se entiende que diga que “el anuncio del cierre del aeropuerto de El Palomar para vuelos comerciales y otras medidas llevadas a cabo durante este año demuestran lo contrario. Hay en marcha un plan activo y deliberado para entorpecer, clausurar, estropear o eliminar cualquier política implementada por nuestro gobierno, aún aquellas que de manera objetiva e incontestable fueron beneficiosas para todos los argentinos”. Claro está que no puede enunciar siquiera una de sus políticas que reúna esas características. Lo objetivo e incontestable es que su gestión fue exitosa solo en dejar a su paso tierra arrasada. La “revolución de los aviones” pareció más una operación destinada a perjudicar a la empresa de bandera que otra cosa. Sus resultados muestran que todas las aerolíneas salieron con perjuicios, que la conectividad entre las ciudades del país empeoró notablemente, al punto tal que desde 2018, la mitad de las ciudades argentinas perdieron pasajeros (Comodoro Rivadavia, Santa Rosa, Formosa, Río Grande, Rosario, San Rafael, La Rioja, Mar del Plata, Catamarca, San Luis, entre otras), mientras que otras como Villa Gessell, Villa María y Río Hondo perdieron el servicio aéreo. Sigue la carta tratando de explicar lo inexplicable: “El cierre de la actividad comercial en El Palomar es una acción más que atropella el bienestar de miles de pasajeros, comercios y empleos, anteponiendo un “apagón ideológico” a los beneficios que esa actividad significaba. Es bueno recordar que desde que implementamos nuestra nueva política aerocomercial más de un millón de argentinos volaron por primera vez. Los vuelos de bajo costo produjeron un impacto en la logística del transporte tan profundo que personas que nunca habían volado ni pensaban que iban hacerlo alguna vez en sus vidas, se encontraron incrédulos arriba de un avión. Esos vuelos fueron vuelos de emoción, con llantos de alegría y aplausos que inauguraban una nueva Argentina”. Una vez más los datos duros de la realidad desmienten el mundo de ficción que Macri trata de describir.Empresas que hasta 2015 habían registrado ganancias en alza sufrieron pérdidas millonarias, como LATAM, que de ganar nueve millones de dólares pasó a perder ciento treinta millones. Otras firmas que operaban los vuelos de bajo costo dejaron el país incluso antes de la derrota de Juntos por el Cambio en 2019: Avianca, Norwegian, Sol y LASA. Si tuvo algún éxito la política fue en el deterioro de Aerolíneas Argentinas, cuyas rutas a Barcelona, Brasilia, Belo Horizonte, COR-Miami pasaron a manos extranjeras mientras que sus vuelos a numerosas ciudades del interior disminuyeron su frecuencia. “Facilitar al máximo el acceso a los vuelos, entre otras cosas habilitando un aeropuerto cercano que implicara los mínimos gastos de transporte para arribar allí, fue una pieza muy importante para el éxito de esta ‘revolución de los aviones’. En poco tiempo el aeropuerto de El Palomar se volvió el cuarto con mayor número de pasajeros del país. Es bueno que digamos las cosas como son. Estas clausuras políticas no son en contra de lo que hicimos en nuestro gobierno, son en contra de los argentinos de menores recursos que se beneficiaban con ellas”. Falso. Las políticas del macrismo provocaron la más grande crisis que surfió en los últimos años la industria aerocomercial. Como consecuencia de ello, las pocas empresas que operaban a bajo costo y que lograron sobrevivir a las dos crisis, la económica provocada por el macrismo y la resultante de la pandemia universal, trasladaron sus operaciones al Aeropuerto de Ezeiza y al Aeroparque, que espera su reinauguración, como lo hace Aerolíneas Argentinas. La cosa llegó al punto de que la única empresa que operaba, Fly Bondi, lo hacía con uno o dos aviones, por lo que el costo que esto significaba no se justificaba seguirlo haciendo. Por eso, no es cierto que el aeropuerto haya cerrado sino que lo ocurrido es que no hay empresas que quieran operarlo comercialmente. Nada de eso le interesa al redactor de la carta publicada por Macri en su red social. Sostiene que “las cosas van más allá. Las clausuras ideológicas abarcan otras políticas públicas que funcionaban muy bien, como lo que hicieron al desmantelar el uso del Expediente Electrónico, un instrumento indispensable para la transparencia de la administración pública porque permite que cada paso de un expediente quede registrado de manera digital, garantizando su trazabilidad. El Expediente Electrónico era una vigía contra los actos de corrupción. Lo apagaron. También eliminaron las Sociedades Anónimas Simplificadas que permitían en una hora estar operando como empresa. ¿Y qué pasó? Ahora Uruguay le ofrece a los argentinos crear Sociedades Anónimas Simplificadas. Podría continuar con ejemplos como este en todas las áreas. Ex ministros y secretarios me cuentan diariamente que esto está pasando en cada ministerio y en todos los niveles.Si teníamos alguna esperanza de que podían haber vuelto mejores, ahora ya no la tenemos”. Más allá de la horrorosa redacción, las políticas públicas llevadas adelante por su administración lo que hicieron fue destruir la capacidad del Estado, convertirlo en un aparato bobo imposibilitado de cumplir siquiera con sus mínimas funciones y tratar de imposibilitar cualquier acción positiva que se pudiera emprender para mejorar la situación de los habitantes del país. La recurrente referencia a Uruguay efectuada por la derecha argentina olvida las restricciones que dicho país impuso por ejemplo en materia de turismo e ignora que la situación general de nuestros hermanos orientales dista mucho de haber mejorado desde el ascenso a la presidencia de Luis Lacalle Pou. En todo caso, después de los resultados de los comicios para elegir las autoridades de las intendencias, es dudoso que nuestros neoliberales apoyen la mudanza de los argentinos a Montevideo, donde la interrupción voluntaria del embarazo está autorizada, donde la marihuana es de venta libre y donde la nueva Intendenta integra el Frente Amplio desde su militancia comunista. La carta del domador de reposeras no mereció ningún comentario negativo de los escribas de LA NACIÓN. El cartero llamó dos veces. Las cartas, podría decirse, están echadas. Tal vez sería bueno recordar que en la historia policial cuyo título tomé para esta nota, a los responsables de una traición no les iba muy bien que digamos. La Corte, Macri, los columnistas, deberían tomar nota de ello.