Golpeadores

Hay tradiciones que se mantienen sin mayores cambios a través de los siglos. Algunas son nobles y se celebran popularmente. Otras, por el contrario, son trágicas y conservan su perversidad aunque los que las protagonicen sean otros. La Argentina tiene de estas últimas un muestrario lamentable. La eliminación física de los disidentes, como forma de superar las antinomias, es una de ellas. Pero hoy vamos a hablar de otra, que pervive aunque sus últimas exteriorizaciones no se hayan dado en nuestro país: el recurso a los golpes de estado para derrocar gobiernos democráticos. Tal vez el levantamiento unitario, encabezado por Juan Lavalle, que terminó con el gobierno y la vida de Manuel Dorrego, sea un ejemplo claro en donde ambas tradiciones, la del asesinato del opositor y la del golpe de estado contra un gobierno democrático, se enlazan. En la época constitucional que se abrió en 1853, poco tiempo pasó para que los continuadores de aquellos unitarios de 1828 se levantaran contra un gobierno. Al mandato de Justo José de Urquiza, primer presidente constitucional, lo sucedió en 1860 el de Santiago Derqui. Pero su gobierno no alcanzó a cumplir siquiera dos años. Bartolomé Mitre, a la sazón gobernador de Buenos Aires, se alzó en armas y el 17 de septiembre de 1861, en la oscura batalla de Pavón, aquella en la cual Urquiza abandonó el campo de batalla cuando su caballería estaba triunfando, quedaba sellada la suerte del segundo presidente constitucional. Mitre se haría elegir presidente y desataría las persecuciones y muertes que caracterizaron su mandato y el de su sucesor, Sarmiento, que no se limitaron al territorio argentino sino que llevaron la tragedia hasta el vecino Paraguay. De ahí en más, construido el Estado Nación según el modelo liberal mitrista, que se consolidaría con la generación de 1880 y su principal figura, Julio Argentino Roca, quien llegaría al poder con el antecedente del genocidio desatado contra los pueblos originarios del sur, la democracia ficta solo aparecía en los papeles pero en la realidad se asentaba sobre la explotación y la exclusión de las mayorías, en lo que Hipólito Yrigoyen denominó el régimen falaz y descreído. La sanción de la ley 8.871, que estableció el voto secreto, universal y obligatorio para los varones, hizo que en 1916 la Unión Cívica Radical que había nacido al calor de las luchas contra Roca y Juárez Celman llevara al poder a Yrigoyen, sucedido en 1922 por Marcelo T. de Alvear. Pero la derecha no se resignaba. Trabajó primero para dividir a los radicales, entre los que se mantenían fieles a Yrigoyen y los que acordaron con los conservadores. Fracasado el intento con las elecciones de 1928 que volvieron a consagrar el triunfo del Peludo, volvieron a sus viejas costumbres y el 6 de septiembre de 1930 el gobierno yrigoyenista era derrocado. Por las dudas, el radicalismo fue proscrito y en los comicios de 1932 se inauguraba el sistema del fraude patriótico, contra el cual se produciría un nuevo golpe, el 4 de junio de 1943. Las divisiones internas de los militares se exteriorizaron el 17 de octubre de 1945, cuando el subsuelo de la patria sublevada inundó la Plaza de Mayo y consagró el liderazgo popular de Juan Domingo Perón. El triunfo electoral del Coronel del pueblo en los comicios del 24 de febrero de 1946 inauguró un período de profundos cambios, con la incorporación activa de los trabajadores a la vida política. A esos cambios, la derecha opuso sus viejas recetas: intento de golpe en 1951, atentados en 1953, el criminal bombardeo de la Plaza de Mayo en junio de 1955 y tres meses más tarde el golpe triunfante de septiembre de 1955. Otra vez la voluntad popular era desconocida y las mayorías excluidas de la vida política. La revolución fusiladora recurrió al crimen y a la proscripción, en la mejor sintonía con las tradiciones de 1828, 1861 y 1930. El fracaso de las experiencias pseudo democráticas de Arturo Frondizi y de Arturo Illia llevó a nuevos golpes, en 1962 y 1966. Cada golpe implicaba un incremento de los métodos represivos: torturas, detenciones ilegales, asesinatos, fueron multiplicándose como muestra del odio contra los sectores populares que seguían ejerciendo la resistencia contra los mandatos de la derecha y sus intentos de restaurar el orden conservador.  EL surgimiento de una oposición armada a las dictaduras y el apoyo popular que comenzó a gestarse en torno a las mismas llevó a una nueva estrategia: permitir el regreso de Perón y la participación de sus seguidores en elecciones libres. El 11 de marzo de 1973 la victoria del Frente Justicialista de Liberación mostraba el fracaso de las recetas intentadas desde 1955 en adelante. Igual, la derecha no pensó en acatar las reglas de la democracia. La división en el seno del movimiento popular terminó eclosionando una vez muerto Perón y ascendida su última esposa, María Estela Isabelita Martínez, a la presidencia. Los grupos paramilitares produjeron alrededor de mil quinientos asesinatos, desde el crimen que se llevó la vida de Rodolfo Ortega Peña, el 31 de julio de 1974, primero en ser asumido por la Triple A, y hasta que el 24 de marzo de 1976 un nuevo golpe entronizaba la que sería la más terrible dictadura de la historia. Con el apoyo del capitalismo agrícola ganadero y de los sectores financieros concentrados, Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz (h) desatarían el infierno de represiones, torturas, detenciones ilegales, asesinatos y desapariciones forzadas. Ni siquiera la niñez se salvó de la ola criminal: hijas e hijos de los desaparecidos fueron privados de su identidad y entregados a familias que deberían encargarse de educarlos en los principios de la derecha. La ola represiva se había extendido por todo el sur del continente, apadrinada por los Estados Unidos y sistematizada en el Plan Cóndor, nacido en noviembre de 1975 en la reunión de jefes militares que se llevó a cabo en Chile, a partir de la cual se puso en marcha una maquinaria que compartió informaciones, intercambió prisioneros y produjo asesinatos de líderes populares refugiados en otros países. Ese despliegue criminal tuvo en la dictadura argentina sus más entusiastas seguidores. Los militares, convertidos en los nuevos centuriones del orden imperial que venía desde el norte, extendieron sus tentáculos asesinos y su experiencia criminal condujo a las derechas centroamericanas, para impedir que la experiencia del sandinismo triunfante en Nicaragua contagiara a sus vecinos. Mucho más cerca, Bolivia fue otro escenario para el despliegue de las prácticas aprendidas en centros clandestinos de detención y extermino como el que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada. En 1978 comenzaron a llegar a Bolivia mercenarios extranjeros que reclutaba Klaus Barbie-Altmann, jefe de la Gestapo nazi en Lyon durante la Segunda Guerra Mundial, que asesoraba al Ministerio del Interior boliviano. Los informes nombran a los argentinos Alfredo Mario Mingolla, González Bonorino y Silva, sindicados como integrantes de la Triple A, como parte del grupo terrorista que dinamitó la sede parroquial de Loreto, en Cochabamba, en septiembre de ese año. La presidencia de Walter Guevara Arce, iniciada el 6 de agosto de 1979, era interrumpida por un golpe comandado por el coronel Natusch Busch, el 1 de noviembre de ese año. Aunque este duró pocos días en el poder y el parlamento nombró a Lidia Gueiler, que llamó a elecciones para junio de 1980, Guevara sostuvo que los asesores argentinos del Estado Mayor sacaron las conclusiones apropiadas y eso fue muy importante, porque ellos dirigieron el golpe del 17 de julio de 1980. Miguel Angel Benazzi, oficial de Inteligencia de la Escuela de Mecánica de la Armada, estaba en Bolivia desde 1978, como funcionario de la agregaduría naval de la embajada argentina. En 1980 llegaban Antonio Pernías y Raúl el pingüino Scheller (hoy condenados a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad), y la misión militar argentina fue aumentando su número hasta llegar a setenta integrantes, que tejieron una red entre espías, narcos, militantes de la falange derechista, mercenarios extranjeros, torturadores de la policía política y oficiales del Ejército, que comandaba el coronel Luis Arce Gómez y coordinaban el coronel Freddy Quiroga y el capitán Hinojosa, ambos procedentes del Servicio de Inteligencia del Estado. También participó en el golpe que llevó al poder a Luis García Meza otro oficial de la ESMA, Ricardo Miguel Cavallo (también con condena a prisión perpetua), que vivió en Bolivia a partir de julio de 1980 y fue la mano derecha de Arce Gómez. Tras el fracaso de la aventura de Malvinas, sumado a la crisis económica, la dictadura se vio forzada a convocar a elecciones. El 10 de diciembre de 1983 comenzaba una nueva etapa en nuestra historia. No hubo, desde entonces, nuevos golpes de estado protagonizados por militares y civiles. Pero la derecha no olvidó sus tradiciones. Cuando Mauricio Macri llegó al gobierno, tras las elecciones de 2015, la alianza del agro y las finanzas que había sostenido a la dictadura genocida se repitió. También se repitieron la política anti industrial, el abandono de cualquier aliciente a las pymes, el retraso salarial y el fenomenal endeudamiento externo. Mientras tanto, a lo largo del continente, la derecha ensayaba nuevos métodos para terminar con cualquier experiencia democrática. El primer episodio se dio con la caída de Mel Zelaya en Honduras. Lo seguirían el proceso express contra Fernando Lugo en Paraguay, la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, y las persecuciones judiciales contra Luiz Inacio Lula Da Silva, Rafael Correa y Cristina Fernández de Kirchner. Las técnicas de lawfare reemplazaron a los fusiles y el Poder Judicial a las Fuerzas Armadas. Por las dudas, donde eso no alcanzó se repitieron las viejas recetas, y en noviembre de 2019 Evo Morales era derrocado por un nuevo golpe de estado. Y como en 1980, la derecha argentina prestó su apoyo a los golpistas. En estos días, se conoció la entrega de distinto tipo de armamentos a los golpistas, entrega realizada sin que existan constancias de acuerdos que les dieran origen. En los días inmediatamente anteriores y posteriores al golpe, miles de armas y municiones destinadas a la represión de los civiles que apoyaban al gobierno depuesto fueron llevadas a Bolivia, al tiempo que efectivos de la Gendarmería, integrantes del grupo  Alacrán (uno de los favoritos de la saltimbanqui política a la que el domador de reposeras nombró a cargo de la seguridad) también llegaban al altiplano con el pretexto de cuidar de la seguridad del embajador, su familia y el personal de la embajada, sin que se hubiera solicitado la pertinente autorización al Congreso. El gobierno que estaba ya en vías de salida, tras la derrota en las elecciones de 2019, fue de los primeros en reconocer a la ilegal mandataria Janine Añez, pese a la oposición de los vencedores en los comicios que siempre sostuvieron que lo ocurrido era un golpe de estado. Hoy, en Bolivia, tras la victoria del Movimiento al Socialismo en las elecciones del 18 de octubre de 2020, se están llevando a cabo distintas investigaciones y procesos judiciales, a raíz de los cuales Janine Añez está detenida, como otros partícipes del golpe. Distintos protagonistas de la política boliviana hacen declaraciones comprometiendo severamente a Macri y su gobierno. Por ejemplo, Adriana Salvatierra, ex presidenta del Senado boliviano, en declaraciones a la radio am750 manifestó que “El gobierno de Mauricio Macri no solo envió material de carácter bélico el 11 y 12 de noviembre (de 2019). El 11 le negó el uso del espacio aéreo a Evo Morales y el 12 de noviembre reconoció al gobierno de Janine Áñez. Entonces, Mauricio Macri efectivamente contribuyó a consolidar el golpe en Bolivia“. Y agregó que el gobierno de Cambiemos el 11 de noviembre de 2019 “había enviado un equipo de Gendarmería que custodiaba pistolas, fusiles, escopetas ametralladoras, 8.000 municiones de distintos calibres” a los que al día siguiente agregó “otros 70 mil cartuchos anti-tumulto y 100 gases pimienta“. ¿Qué dice la Tribuna de Doctrina del caso? Comienza por tratarlo desde lo informado por las agencias de noticias. El 12/07/2021 titula: “El Gobierno argentino confirma el envío de armamento a Bolivia en 2019”. La nota fechada en Madrid como de Europa Press, usa el encomillado permanentemente, cuando transcribe declaraciones de funcionarios argentinos. Soláha reconocido su “sorpresa” por “el tema de la carta”, aunque para él “no fue una sorpresa que el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) le enviara ayuda a los militares bolivianos que le hicieron un golpe de Estado a Evo Morales”. Agregan más adelante que En esa misma línea, el viceministro de Justicia argentino, Juan Martín Mena, ha afirmado que es “imposible” que diez agentes de seguridad empleen 70.000 cartuchos, lo que “confirma” la “maniobra” del expresidente Macri para enviar material bélico a Bolivia para apoyar a los militares. Terminan diciendo que El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha remitido una carta al presidente de Bolivia, Luis Arce, en la que expresa su “dolor” y “vergüenza” por la “colaboración” del Gobierno de Macri y el de la presidenta autoproclamada boliviana, Jeanine Áñez, que ha tildado de “fuerzas que perpetraron el golpe de Estado contra el Gobierno del presidente Evo Morales”. Ni una sola consideración propia de los escribas del diario. El mismo 12/07/2021 publican una nota de la Agencia AP, “Argentina: expresidente Macri habría enviado armas a Bolivia”, que comienza diciendo que “el gobierno argentino denunció penalmente al expresidente Mauricio Macri por el presunto envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia para la represión de las protestas callejeras en medio de la crisis política y social que sacudió al vecino país a fines de 2019”. Agrega después que “La gravedad institucional del hecho se consolida al advertir que el material enviado tuvo como destino final a las fuerzas armadas que días antes habían derrocado el gobierno constitucional del entonces presidente Evo Morales, y que días después del envío cometerían múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas, las recordadas ´masacres´ (según las calificó la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de Sacaba y Senkata”, según la denuncia. Sigue la nota diciendo que El presunto envío de armamento y municiones al vecino país hace dos años fue revelado la semana pasada por el canciller boliviano Rogelio Mayta, quien presentó como prueba una supuesta carta de agradecimiento que le envió el excomandante de la Fuerza Aérea boliviana, general Gonzalo Terceros, al entonces embajador argentino en La Paz. Y terminan citando el descargo del impresentable adicto a Netflix: “Todo lo dicho es falso. Todo es mentira”, se defendió el exmandatario en una carta publicada días atrás en redes sociales, y señaló que se trata de una maniobra montada por su sucesor Fernández para “desviar la atención del fracaso en el manejo de la pandemia, del fracaso económico y del fracaso de la gestión de las vacunas”. Nuevamente, ni una sola opinión de LA NACIÓN. La nota refleja el estilo presuntamente neutral de la agencia, aunque el final haya quedado para el dormilón. Otra nota del 12/07/2021, sin firma de autor, de la sección política del diario, informa: “Contrabando” de armas: Gerardo Morales embistió contra Alberto Fernández y anunció que va a condecorar al exembajador en Bolivia. Esta vez el encomillado es del pasquín de los MitreSaguier… que nos cuenta que Morales anunció que “El jueves le voy a hacer un homenaje a Normando Álvarez García, que ha arriesgado su vida para salvar vidas. Tomó la decisión de asilar al ministro de Gobierno, al ministro de Salud, a funcionarios. Acompañó al esposo de la ministra de Salud en el propio auto de la embajada. Corrió riesgo de vida, buscado por la turba, que lo querían matar. No me va a venir el Gobierno con la actuación del radicalismo y de Álvarez García”. Normando Álvarez García era el embajador del gobierno macrista en Bolivia, al momento del golpe, y es a quien iba dirigida la nota de agradecimiento del jefe de la Fuerza Aérea boliviana. El Morales que tiene injustamente detenida a Milagro Sala desde hace más de dos mil días, agregó que  “Le venden mucha carne podrida al Presidente. Ha sido armado en la embajada argentina en Bolivia, por el actual embajador. No lo voy a permitir de ninguna manera. Lo vamos a condecorar”. ¿Qué dijo Álvarez García sobre el tema? El 09/07/2021 la Tribuna de Doctrina publicó su descargo, según el cual nunca recibió la nota en cuestión. “Dentro de las funciones como embajador no existe forma alguna de autorizar o enviar ningún tipo de asistencia a las Fuerzas Armadas o policiales y mucho menos material de ninguna clase ya que los embajadores son representantes de países y no administran recursos militares, policiales o de otra índole”, agregó, y expresó que los gendarmes llegaron el 13 de noviembre a Bolivia para dar protección a los funcionarios de la embajada, a los funcionarios bolivianos asilados y a los periodistas argentinos agredidos. Sobre esto último, hay que decir que Sebastián Moro, un periodista mendocino que colaboraba con PáginaI12 y otros medios, falleció el 16 de noviembre de 2019. Sus familiares denunciaron que fue golpeado y torturado en los días previos a sufrir el ACV que le provocó la muerte. No tuvo protección alguna de la gendarmería. Pero volviendo a Álvarez García, después del descargo efectuó nuevas declaraciones y admitió que la gendarmería había ido a Bolivia por un pedido suyo datado dos meses antes del golpe; que los gendarmes llevaron armamento y chalecos antibalas; que “llegó el armamento, bajaron y lo llevaron a la embajada y a la residencia“; que “el destino del armamento estuvo en la Embajada“;  que “Estaban las cajas ahí, las cargaron. No sé distinguir una pistola de un revólver“; que no sabe “qué son 70 mil municiones“; que “de acuerdo al informe de Gendarmería, todos esos cartuchos fueron utilizados“, y que “Como Embajada no estuvimos involucrados en algo raro, claro que siempre puede existir un circuito paralelo. Era un momento de anarquía e irregularidades“. Si las excusas de Álvarez García resultan poco o nada creíbles, las que son insólitas son las producidas por la saltimbanqui que ahora monta a caballo. En na nota digna de figurar en la antología del absurdo, dirigida al Presidente Alberto Fernández, dice que “Resultaría importante entonces que las actuales autoridades y no las anteriores respondan de qué modo controlaron las operaciones que se llevaban a cabo en Bolivia y el empleo adecuado del material, ya que desde el traslado de los gendarmes con el material autorizado transcurrió menos de un mes dentro del período restante de gestión del presidente Mauricio Macri, cuyo mandato finalizó el 10 de diciembre de 2019, y siete meses del gobierno que asumió ese mismo día; es decir, el suyo“. Un disparate total. Lo que se está denunciando es el envío ilegal de armamento de seguridad, trasladado por fuerzas de seguridad cuya misión no fue autorizada por el Congreso, todas cuestiones que ocurrieron durante la gestión de la ex militante de un sinnúmero de fuerzas políticas, las más de las cuales deben estar felices de que las haya abandonado. Y la señora en cuestión pretende que por esos hechos respondan los que no los cometieron. Claramente, lo que ocurre es que el armamento, que ya nadie discute que salió rumbo a Bolivia, fue entregado o bien a las Fuerzas Armadas golpistas, o bien a las fuerzas de seguridad -también golpistas- que pocos días después provocaban las masacres de Sacaba y Senkata. Que las armas llegaron y fueron a parar a manos bolivianas, es tan claro que según una nota publicada por LA NACIÓN el 14/07/2021, en “Bolivia: la Policía afirma que conserva parte del armamento enviado por Mauricio Macri”. Es preciso poner mucha atención a los términos que usa el ignoto redactor de la noticia, para referirse al escándalo internacional que se produjo: “En medio de la disputa por las acusaciones del Gobierno al expresidente Mauricio Macri por un supuesto envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia durante la crisis política que atravesaba el país de 2019 -y que llevó a la renuncia del entonces jefe de Estado Evo Morales-, las autoridades de la policía boliviana confirmaron que conservan parte de las armas en cuestión”. Veamos. No hay una serie de conductas ilegales que investigar, sino una disputa entre el gobierno y el domador de reposeras. El envío sigue siendo supuesto, pese a todos los datos que lo corroboran, incluso los que menciona la propia nota. No hubo golpe de Estado en Bolivia, sino una crisis política que llevó a la renuncia de Evo Morales. Ya no se trata de encomillados ni del uso de formas potenciales. Ningún disimulo, sino una toma de posición que contradice lo mismo que se informa, esto es que el jefe de la policía boliviana, Johny Aguilera, dijo que “Sí existen estos elementos en los depósitos de la policía sin carácter documental”, que se trata de “municiones calibre 12/70, granadas de gas tipo béisbol, granadas de triple fragmentación, gases pimienta y otros elementos que serán confiscados para ser investigados”, que “no existe ningún solo documento” que de cuenta de la operación, y que se va a reconstruir “qué funcionarios acudieron al aeropuerto cuando arribó el avión de Argentina, donde funcionarios vestidos de uniforme militar entregaron este material sin ningún tipo de documentación a la Policía Boliviana”. También en la nota del 13/07/2021 que da cuenta de la denuncia formulada por funcionarios del gobierno, el envío de armas es calificado como supuesto. “El Gobierno denunció a Mauricio Macri por el supuesto contrabando de armamento a Bolivia”, titulan, y cuentan que “El Gobierno denunció al expresidente Mauricio Macri por un supuesto ‘envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia’ durante 2019. Hizo una presentación en la justicia en lo penal económico con las firmas de los ministros Martín Soria (Justicia) y Sabina Frederic (Seguridad), y de titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont”. Se agrega que también fueron denunciados otros funcionarios del gobierno macrista: los “exministros Patricia Bullrich (Seguridad), Jorge Faurie (Relaciones Exteriores) y Oscar Aguad (Defensa)”; el “ex embajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García” y “Jorge Dávila (ex director General de Aduanas), Eugenio Cozzi (ex director Ejecutivo de la Anmac), Gerardo José Otero (ex director de la Gendarmería Nacional), Rubén Carlos Yavorski (ex comandante mayor director de Logística de la Gendarmería) y Carlos Miguel Recalde (ex director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería), todos ellos en funciones en el momento del supuesto envío del armamento”. Supuesto envío. El mismo 13/07/2021, LA NACIÓN publica declaraciones del presidente boliviano derrocado, Evo Morales. Según la nota, titulada “Evo Morales, sobre Mauricio Macri: “Compraron balas para matar al pueblo”, es Evo quien habla de golpe: “Evo respondió directamente algunas preguntas del periodista Gustavo Sylvestre en C5N, y vinculó a Macri directamente con lo que él llama ‘el golpe’; también señaló que los Estados Unidos utilizaron a las agencias de inteligencia argentinas para derrocar el gobierno de Bolivia”. Pero atención: pocas líneas más adelante, viene el reconocimiento: “Recientemente, el canciller boliviano Rogelio Mayta denunció que en noviembre de 2019 ‘el gobierno de Mauricio Macri aportó material letal para que se pueda reprimir la protesta social y consolidar el gobierno que rompía el orden constitucional en Bolivia’ en alusión al golpe que marcó la salida anticipada de Evo Morales y su sustitución por Jeanine Áñez”. Ahora está claro, incluso para la Tribuna de Doctrina lo que ocurrió fue un golpe de estado. Pero para los principales columnistas del pasquín mitrista, lo ocurrido en Bolivia no es noticia. Tanto Carlos Pagni en su nota del 13/07/2021, “Alberto Fernández y el cinismo del que prefiere no ver”, como Joaquín Morales Solá el 14/07/2021 “Silencio y complicidad frente a Cuba” prefieren atacar al gobierno por su postura frente a la crisis que atraviesa Cuba. Es también una tradición que lleva más de seis décadas: atacar al país que decidió no atar su destino a lo que decidían los Estados Unidos. A doscientos kilómetros de las costas yanquis, los cubanos resisten hoy. ¿Hay crisis en la isla? Claro, y cómo no va a haber crisis en un país sometido al más cruel e injusto bloqueo. Pero Pagni y Morales Solá sostienen la línea histórica del pasquín fundado por aquel golpista llamado Bartolomé Mitre, la del cinismo hipócrita que cree que el criminal bloqueo es una excusa y que la defensa de su soberanía que hace Cuba es una política dictatorial y autoritaria. Que para adecuarla a los tiempos que corren, es el modelo que siguen Venezuela y Nicaragua, y al que se encamina la Argentina, del brazo de un Presidente que es empujado hacia el abismo por la verdadera y maléfica jefa, entrenada, claro está, en Cuba: Cristina, siempre Cristina. LA NACIÓN ha alentado a los golpistas en Cuba, Venezuela y Nicaragua, y se cuidó mucho de condenar a los que usurparon el poder en Bolivia. Es su tradición. La que heredaron de Lavalle y los unitarios de 1828, la que puso en práctica su fundador en 1861. No soportan la democracia y mucho menos los gobiernos populares. Su receta es la misma de 1930, 1955, 1962, 1966, 1976. Son golpeadores