Morales dudosas

Empecemos hablando de la moral, que es un tópico tan caro a los lectores de LA NACIÓN. Moral es un término comúnmente utilizado para referir la conducta a los valores sustentados en las creencias esenciales del ser humano. Está ligado a una fe, a convicciones o a una determinada concepción del mundo. Así, es común hablar, por ejemplo, de moral cristiana o moral humanista, etc. También es empleado para tratar del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. Sin olvidar que, al estar ligado a los usos y costumbres sociales, en cierto modo es un concepto cambiante (seguramente no es lo mismo lo que considera moral una persona hoy en Roma que lo que se consideraba moral en la misma ciudad en la época del emperador Calígula), lo cierto es que hay ciertas cuestiones que son universalmente aceptadas. Como que mentir no es una conducta muy moral que digamos. Y mucho menos si lo hacemos para dañar deliberadamente a otros y de esa manera favorecer ciertos intereses. Pues bien, veamos cómo les va a los escribas del pasquín de don Bartolo si los medimos con este crisol. El 19 de mayo de 2020 Fernando Laborda arranca advirtiéndonos que “El sueño de estas noches de cuarentena que tiene la expresidenta es quedar libre de cualquier mochila judicial dentro de un año”. No sabemos qué poderes tiene Laborda para meterse en los sueños de Cristina, pero al parecer es algo que se desprende de las cosas que le resultan curiosas, como que la Oficina Anticorrupción haya desistido de su rol de querellante en dos causas de las que los jueces de Comodoro Py impulsaron en contra de la Vicepresidenta en tiempos del macrismo. Cuando a Laborda no le parecía curioso que el Presidente le diera instrucciones a jueces y camaristas, o impulsara sus remociones cuando no le gustaba cómo fallaban. Tampoco le intrigaba saber a qué se dedicaba la mesa judicial que operaba en nombre de Macri. Si es que Laborda teme por el futuro de las causas, habría que aclararle que el dueño de la acción penal, en delitos contra el orden público como los que son materia de esos juicios, es el Fiscal y no la querella. Que sepamos, el representante del Ministerio Público no ha desistido de nada. Por las dudas hay otra querella, de la Unidad de Información Financiera, organismo que si bien está en la órbita del Poder Ejecutivo, goza de autonomía y autarquía financiera. Querella que tampoco desistió, al menos hasta ahora, de su rol en las causas en cuestión. Tal vez para tranquilizarse del todo, Laborda podría recordar que durante la gestión de Laura Alonso, la Oficina Anticorrupción no intervino en causas contra el Presidente o sus ministros, como bien lo informó la mencionada ex titular de dicha oficina. Como entonces eso no le parecía extraño, no se entiende muy bien por qué la explicada decisión que tomó Félix Crous, que detalló los motivos en los que se fundaba y los hizo públicos, le hace temer por el futuro. Habrá que seguir el hilo de pensamiento que se manifiesta en las sucesivas columnas de los opinólogos mitristas. El mismo 19 de mayo de 2020 el inefable Luis Majul, al que esta vez solo le alcanzó para una idea, nos contó sus conversaciones con “una fuente muy cercana al Presidente” que líneas más abajo se convierte en “alguien que conoce al Presidente”, y que nunca sabremos quién es, aunque podemos sospechar que el escriba lo ve cuando se mira al espejo, o a lo sumo cuando se cruza con algún colega en sitios suponemos que virtuales de los que reúnen, tecnología mediante, a las tropas de la Tribuna de Doctrina. Esa misteriosa fuente, o misterioso amigo, tan dispuesto a contarle a Majul los pensamientos de Alberto, le dijo más o menos que el Presidente no se entera de lo que hacen sus subordinados y que gobierna en nombre de un frente en el que “hay distintas fuerzas políticas. Y gente que piensa distinto. Incluso muy distinto”. Flaco favor el del amigo, podría suponer Alberto. Que por otra parte, cuando Majul lo quiso entrevistar, no tuvo problema en contestarle. Uno imagina que algún motivo tendrá el tinterillo para no preguntarle directamente y preferir la charla con el espejo. Perdón! Con la fuenteamiga del Presidente. Lo que sí queda claro es que de dato chequeado, que uno pueda verificar, que esté corroborado por otras fuentes reconocibles, no hay ninguno. Será que el aislamiento social preventivo no le permite a Majul trabajar de periodista, por una vez en su vida. EL 20 de mayo de 2020 LA NACIÓN le brinda espacio a dos legisladores, Juan Manuel López y Paula Oliveto. Que nos dicen que han sido una oposición seria y responsable. Imaginamos que es una cuestión de seriedad el juego de la parrala que desplegaron diciendo que sí querían sesionar pero que no querían hacerlo pero que sí pero que así no pero que… Muy serio todo. Claro que el apellido Oliveto nos trae reminiscencias. De aparecer en una causa judicial que tramita en Dolores, donde se investigan las actividades de una banda al parecer compuesta por agentes de inteligencia, reales o pretensos, gente que trabaja en medios de comunicación (me niego a llamarlos periodistas, profesión que respeto mucho), y que tenía comunicación fluida con ex ministras, otros funcionarios y, adivinen, legisladores como Paula Oliveto. La misma que ahora admonitoriamente nos dice que con su coequiper no serán “cómplices de debates engañosos y acuerdos espurios”. Como los que protagonizaba, según las resoluciones judiciales, Marcelo D’Alessio y sus amigos. Sí, el D’Alessio que le pasaba informes a… Paula Oliveto. Que además explica que el proyecto, todavía no presentado, de reforma del Poder Judicial, es en realidad “un proyecto que pretende una hegemonía institucional, atropellando la división de poderes”. También el 20 de mayo de 2020, Pablo Mendelevich insiste con la presunta liberación de “violadores, asesinos y otros delincuentes llamados comunes a cuyo favor hicieron gestiones operadores oficialistas y, por supuesto, jueces y fiscales alineados con el garantismo kirchnerista”, sin ofrecer, por supuesto, ni un solo dato, ni un nombre, ni una cifra (en mi columna anterior y sin demasiado esfuerzo, publiqué datos corroborados por otras fuentes. No es tan difícil). Poco serio, Mendelevich. El 21 de mayo de 2020 es el turno de Daniel Sabsay. El mismo que todavía duda de que Cristina sea abogada, lo que equivale a dudar de la Universidad Nacional de La Plata y su Facultad de Derecho. Que como son platenses, tal vez para Sabsay son o Cristinistas o mucho peor, aliadas de Estela de Carlotto o Hebe de Bonafini. Que también son platenses. Como dice ser constitucionalista, en tono doctoral sostiene que “la parálisis del Congreso y el funcionamiento excepcional de la Justicia han llevado a una expansión excesiva del poder presidencial y a una sostenida suspensión de derechos”. Sería bueno que nos diga cuáles son los derechos suspendidos por el ejercicio excesivo del poder por parte del Presidente. Porque salvo algún cacerolero extraviado que pretende corretear alegremente sin someterse a las reglas de cuidado que exige una pandemia que claramente, no es obra ni de Alberto ni del kirchnerismo, no hay señales de que la sociedad vea en el Presidente a un autócrata. Pero como empezamos hablando de moral, veamos qué nos cuenta Joaquín Morales Solá, en su columna del 20 de mayo de 2020. Y, oh sorpresa, también el ex vocero del Operativo Independencia en Tucumán tiene preocupaciones que sobrevuelan los ámbitos tribunalicios. Empieza con un recuerdo que demuestra a las claras su línea de pensamiento. Nos dice que Germán Moldes, quien afortunadamente ya no ocupa el cargo de Fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones, se guardó quince días una apelación para que no pudiera intervenir otro Fiscal, que actúa ante la Cámara Federal de Casación Penal. Lo cual le parece perfecto a don Joaquín. Claro que uno, mirando desde afuera, diría cómo, ¿no es eso exactamente lo que se suele denominar forum shopping? ¿Elegir qué funcionario es el que va a actuar? ¿Y eso es moralmente aceptable? Sigamos. A Morales le preocupa que ahora el Fiscal del juicio contra Amado Boudou no haya tomado los recaudos que sí tuvo en cuenta Moldes, y que así la cosa terminó en manos de Javier De Luca (el Fiscal que antes había sido eludido), quien no sostuvo el recurso argumentando que “No existe condena definitiva porque todavía no se pronunció la Corte Suprema de Justicia”. Cosa que es cierta, por lo que al no haber una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada (o sea, no susceptible de ninguna apelación), Boudou sigue gozando de la presunción de inocencia. Y si bien es cierto que hay algún fallo de la Corte que en otros casos mandó a cumplir condenas todavía no firmes, no lo es menos que otros fallos dicen lo contrario. Por otra parte el Fiscal no está obligado a seguir el criterio de la Corte, si a su juicio hay razones suficientes como para contradecirlo. Cosa que cualquier periodista que cubra Tribunales sabe desde que empieza a trabajar en esa área. Sigue Morales Solá: “De la Procuración General depende la Procuración de Investigaciones Administrativas, como bien lo recordó el periodista Hugo Alconada Mon. Esa procuración (fiscalía), que es una rama del Poder Judicial, debería investigar los actos de corrupción de los funcionarios, sean actuales o pasados”. Falso, Morales. La Procuración, y las Fiscalías por ende, no son una rama del Poder Judicial. Dice el artículo 120 de la Constitución Nacional que “El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera”. El artículo 4º de la Ley  Orgánica del Ministerio Público Fiscal 27.148, dice en consonancia que “El Ministerio Público Fiscal de la Nación ejerce sus funciones con autonomía funcional, sin sujeción a instrucción o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura”. Y completa el cuadro el artículo 5º que dice que “Quedan excluidas de las funciones del Ministerio Público Fiscal de la Nación la representación del Estado o del Fisco en juicio, así como el asesoramiento permanente al Poder Ejecutivo nacional”. Los fiscales no son una rama del Poder Judicial, ni reciben instrucciones del Poder Ejecutivo. Basta con leer las normas pertinentes para saberlo, no es necesario ningún estudio particular. Un periodista con tantos años de ejercicio debería saberlo. Un periodista, claro. Como  Morales Solá nos dice que por eso es importante el cargo de Procurador General, que está vacante, me permito recordarle que esa vacancia se produjo por la persecución desatada por el gobierno de Mauricio Macri, con la interesada participación y apoyo de diarios como LA NACIÓN y su socio Clarín, contra Alejandra Gils Carbó. Haberlo pensado antes, si quería que el cargo estuviera cubierto. No parece muy moral quejarse de lo que uno mismo provocó. Tampoco lo es dedicar sus esfuerzos a tratar de impedir que alguien imputado en una causa ejerza sus derechos, como trata de hacerlo con Carlos Zannini. Que sabe algo más que Morales Solá de las ciencias jurídicas. Y que más allá del resultado que tenga su presentación, lo que no cabe duda es que le asiste todo el derecho de hacerla. La defensa del Estado de Derecho es una obligación moral, suelen decir a través del tiempo los escribas del diario de los Mitre. Cosa que no les impidió apoyar cuanta dictadura hubo que quebrara el orden constitucional, desde que su fundador protagonizó el primer golpe de Estado desde que hay Carta Magna en la Argentina y gobiernos elegidos según ella. Porque el primer golpe de estado de la era constitucional fue el de Mitre contra Santiago Derqui. Para que eso se olvidara, y para cuidarse las espaldas ante la historia, don Bartolo fundó el diario, decía Homero Manzi según cita de Arturo Jauretche. Fundación no muy moral, diríamos. Pero claro, para algunos una cosa es la moral que se predica y otra aquella con la que se actúa. Morales dudosas, en fin.