Sin privilegios
En las últimas semanas, los columnistas de LA NACIÓN repiten como un mantra que el derecho a la libre expresión está en peligro por la persecución desatada por el kirchnerismo contra los periodistas. Cantinela que se suma a otras como las ya conocidas de la sumisión del Presidente a la Vice, el avance de la Cámpora o la falsa antinomia entre vida y economía. Estas últimas llegan a un punto de aburrimiento: ya de tanto repetirlas no logran conmover a nadie, salvo los viejos lectores del pasquín mitrista, siempre conformes con leer sus propios pensamientos retrógrados en las columnas del matutino. Lectores que no buscan información veraz sino que esperan que les digan todo lo mala que es cualquier expresión de un pensamiento nacional y popular. Pero dejemos de lado a tanto cavernícola suelto y vayamos al tema que aparece como central en las preocupaciones de los escribas de don Bartolo.
El 1° de julio Joaquín Morales Solá se indignaba por “Los silencios del Presidente”. Silencios que refería a que Alberto no “se ha pronunciado sobre la campaña de hostigamiento y escrache que afecta a muchos periodistas, aunque es especialmente grave la operación de acoso y derribo contra el periodista Luis Majul”; y por las dudas agregaba que “El Presidente nunca habló del asedio que sufre una parte importante del periodismo”.
Veamos. Cuando Morales Solá habla de una campaña de hostigamiento y escrache se refiere a la difusión de lo que ha ido saliendo a la luz a partir de las investigaciones en curso sobre las prácticas de espionaje desplegadas por el macrismo contra propios y extraños (y hasta familiares del ingeniero sin ingenio, que siempre se preocupó por saber en qué andan los suyos). En esas investigaciones aparece como parte de las prácticas desplegadas por los espías del 5 y la 8 la producción de notas que después se difundirían por la pantalla de América TV, en el programa de Majul. Con la presencia de algún espía en el piso del canal, por si hiciera falta algo más. Otra de las cuestiones es la entrega del material obtenido ilegalmente a periodistas que se encargarían de hacerlo público. El nombre más repetido es de un Pirincho del citado canal. Es decir que lo que las investigaciones sobre los servicios macristas ha puesto sobre el tapete es la campaña de hostigamiento y escrache (para usar palabras de Morales Solá) que el anterior gobierno desplegó contra sus opositores. Campaña en la que muchos empleados de medios como LA NACIÓN y su pariente el clarinete mentiroso participaron entusiastamente. La pregunta que cabe es si difundir esto implica asediar o perseguir periodistas. ¿Cómo es esto? ¿Cuando Majul y compañía desparramaban su odio contra Cristina y el kirchnerismo, acusándolos de cualquier cosa que les viniera a la mente, encarcelando a muchos, coaccionando a otros para que se arrepintieran, usando a delatores pagos que repetían libretos escritos en los despachos oficiales, propagando escuchas ilegales, amenazando a jueces para que fallaran conforme una mesa judicial les ordenaba y degradando al infinito las instituciones de la República con las que se llenaban la boca, eso era el ejercicio de la libertad de expresión, pero ahora que todas esas maniobras quedan al descubierto y se expone la participación de tanto desinformador a sueldo es hostigamiento, escrache, asedio? Ya se sabe, no podemos pedirle coherencia a estos columnistas.
A Morales Solá se le suma el 04/07/2020 Héctor M. Guyot -otro que se destaca por su desprecio al peronismo-, que bajo el título Impunidad y venganza son lo mismo no se refiere al desprocesamiento de Macri cuando asumió el gobierno, y a la consecuente persecución y encarcelamiento de dirigentes opositores, sino que clama contra la supuesta colonización de los tribunales por parte de Justicia Legítima y, como reza el manual Mitre-Saguier, contra el ataque a la prensa. Gruñe que “Así como necesita jueces parciales, la vicepresidenta quiere un periodismo militante, otro oxímoron kirchnerista. De allí la embestida contra la prensa. En la causa de Dolores, trataron de involucrar a Daniel Santoro. Ahora cargan contra Luis Majul, quien está siendo hostigado, y contra otros reconocidos periodistas de investigación”. Habría que avisarle un par de cosas. Ningún juez de los que intervienen en las causas armadas entre espías, escribas y funcionarios judiciales contra la Vicepresidenta ha dejado de ser juez, desde que Alberto Fernández inició su mandato. A Daniel Santoro lo procesaron por ser parte de una asociación ilícita en una causa iniciada mucho tiempo antes de la derrota de Juntos por el Cambio. Y ni Majul ni ninguno de los otros defendidos por LA NACIÓN pueden ser considerados periodistas de investigación, a lo sumo empleados de las empresas que explotan, entre otros negocios, el de los medios de comunicación.
El 05/07/2020 le toca servir a Pablo Sirvén, conmovido por los Ataques al periodismo y una muerte oscura. Para él, “No es una casualidad, además, que en los últimos días, al filo de cumplir siete meses en el poder, se hayan encendido otra vez los motores contra el periodismo, un clásico de los gobiernos justicialistas, que siempre ha tomado como enemigo preferido – tal vez porque no compite en las urnas- a la prensa”. Un clásico es que Sirvén demuestre su rencor permanente hacia el peronismo, al que siempre ha considerado como el causante de los males del país.
Si uno hiciera una interpretación de ese rencor, podría suponer con bastante fundamento que los males que achaca al movimiento de masas más importante de América Latina no son otros que haber empoderado a la clase trabajadora, y pretender cumplir el sueño de una patria socialmente justa, económicamente liberada y políticamente soberana. Pero sigamos con su exposición. Todo lo que pasa forma parte de “una ofensiva más ambiciosa, cuyo nudo troncal es la manipulación de distintas causas relacionadas con espionajes reales y supuestos. Todo ese marco hostil propicia un renovado embate contra el periodismo que pone en la mira, con nombre y apellido, a varios colegas, cuyos estilos y maneras pueden gustar más o menos, incluso despertar críticas y hasta objeciones deontológicas si se desea hacerla”. Bueno, algo se le escapó al servicial Sirvén: las objeciones deontológicas. Sobre ello vamos a volver más adelante. Ahora, lo otro es lo mismo de Morales y Guyot, dicho con otras palabras. ¿Cuál es la manipulación de distintas causas relacionadas con espionajes reales y supuestos? Porque si algo se vio hasta ahora es que los tribunales han actuado según su parecer y sin que se pueda acusar a ninguno de los jueces intervinientes de un pasado o un presente kirchnerista. Todo lo que se sabe de las causas parte de las pruebas colectadas en poder de actuales o pasados espías del macrismo. Conversaciones, informes, contactos con funcionarios de la Casa Rosada durante los tiempos del ingeniero sin ingenio surgen de papeles y aparatos de los imputados, que no han negado su autenticidad. Por el contrario, los que concurrieron al Congreso y expusieron ante la Comisión de seguimiento de las actividades de inteligencia trataron de desligar su responsabilidad escudándose en una suerte de obediencia debida a las órdenes recibidas de sus superiores. Y no hay embate contra el periodismo. Quienes aparecen como vinculados con esas causas, repito, no pueden ser considerados periodistas. Porque para merecer ese título deberían actuar con aquello que se le escapó a Sirvén: con ética. Que eso es la deontología comunicacional, que existe aunque no haya normas legales que la impongan en este país.
Actuar con ética significa, entre otras cosas, no prestarse a operaciones como las que investigan hoy los tribunales y preocupan tanto a la Tribuna de Doctrina. Para la deontología lo importante radica en la intencionalidad de la conducta y no en los fines o la utilidad que esta produzca. Entonces, su objetivo será estatuir las obligaciones a las que debe ceñirse un profesional en el ejercicio de su actividad. En síntesis, el comportamiento que deberá guardar frente a la sociedad a la cual destina su trabajo. En el caso específico del informador, a grandes rasgos, podemos decir que debe ejecutar su trabajo con veracidad y sin malicia. Así, ocurre que generalmente hay dos éticas en juego, la del periodista que debe responder al interés social (informar a la comunidad) y la del empresario que velará, en general, no por la sociedad sino por su negocio.
En abril de 1980 se celebró en México la Segunda Reunión Consultiva de Organizaciones Internacionales y Regionales de Periodistas, convocada por la Unesco. La declaración emitida como corolario de la reunión decía, entre otras cosas, que “la tarea fundamental del periodista es estar al servicio de este derecho a una información veraz y auténtica, concebida no como mercancía sino como necesidad social”. No son cuestiones nuevas. La Subcomisión de Libertad de Información y de Prensa de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el 14 de marzo de 1953 el Código Internacional de Ética Periodística, que contenía en cinco artículos las obligaciones morales de los profesionales de la comunicación. Bregaba por la exactitud de la información, estándole prohibido al periodista falsear voluntariamente los hechos e imponiéndole la obligación de rechazar la búsqueda de ventajas; asumir la responsabilidad por el material editado; respetar la reputación de los individuos y no omitir los hechos esenciales. Desde entonces, las normativas éticas que se aplican a la actividad de los comunicadores sociales, sean producto de legislaciones o códigos deontológicos o de los mecanismos de autorregulación que impulsan grandes medios de los países centrales, recogen principios similares. Perdón si aburre tanta explicación doctrinaria, pero es lo que cabe aplicar al caso, para distinguir claramente de qué hablamos cuando hablamos del derecho a comunicar, del derecho a la información o del derecho a la libre expresión, que de eso se trata lo que está en juego en las investigaciones en marcha. Aclaro desde ya: no sé si Luis Majul o algún otro escriba han cometido delitos. Será tarea de los tribunales determinarlo. Lo que estoy seguro es de que no actuaron siguiendo esas sencillas y claras reglas éticas.
Uno de los argumentos más trillados por los defensores de lo indefendible es que se estaría violando el derecho de los periodistas a mantener en secreto sus fuentes de información. Esto es un ejemplo de distorsión de la información. Porque claro que existe ese derecho, consagrado por el artículo 43 de la Constitución Nacional. Pero aquí nadie le ha pedido ni a Majul ni a ninguno de sus compinches que revele una identidad. Lo que ocurre es que son los propios espías hoy imputados los que han revelado a quién le entregaban sus informes. Si ellos eran las fuentes, se trata de un caso en que las propias fuentes revelan su identidad. No hay secreto que guardar. Aunque un nutrido grupo de empleados mayoritariamente de LA NACIÓN y el grupo Clarín firmen solicitadas imputando incluso a sectores del poder político campañas de difamación pública y presiones contra periodistas profesionales, eso no lo transforma en hechos ciertos.
Que existan causas que investigan maniobras que aparecen claramente como ilícitas, y que en esas investigaciones aparezcan involucrados empleados de medios, no puede ser tomado como una campaña del poder político, salvo que los firmantes tengan, ellos sí, intereses políticos que exijan difamar a los actuales gobernantes. Contesto con las palabras de mucho más de mil periodistas que publicaron una solicitada de respuesta en la que dicen: “¿Creemos que las y los periodistas somos víctimas de campañas de difamación y presiones, como sostiene un comunicado reciente de periodistas y empresarios de medios de comunicación? Las y los abajo firmantes, periodistas de medios privados, públicos, autogestivos y comunitarios, desocupadas y desocupados, así como también analistas de los medios de comunicación e integrantes de entidades vinculadas al estudio y la agremiación, creemos que las y los periodistas, como toda la ciudadanía, estamos sometidos al escrutinio público y a la ley. No tenemos privilegios. Y no toda crítica, por exagerada o injusta que sea, puede ser considerada como un ‘ataque a la libertad de expresión’. Aun dentro de nuestras diferencias, de nuestras distintas realidades y hasta de las dificultades que el propio medio en ocasiones nos impone, sí creemos que el periodismo debe ejercerse con profesionalidad, libertad y dignidad. Y que, en el necesario vínculo con el poder y las fuentes, tenemos reglas por cumplir. No vale todo. Entendemos que la defensa de la libertad de expresión tiene una acción doble: nuestro derecho a informar y el derecho de la comunidad de informarse. Y entendemos a esa libertad de expresión como una conquista colectiva, no desde posiciones individuales ni sectarias. No es nuestra libertad, es de la sociedad. Un mejor periodismo es decisivo para contribuir a una mejor discusión pública, sobre todo en tiempos tan complejos como estos, atravesados por la angustia de una pandemia”. Nada que agregar.