Golpistas

Uno se pone a mirar las columnas de LA NACIÓN y lo confieso, hay veces en que un título me ilusiona. Pero se me pasa rápido. Por ejemplo, Graciela Guadalupe -otra que se cree cómica, cuidado Reymundo Roberts- el 22/08/2020 titula “Que vaya preso”. Pero ojo. No está hablando del domador de reposeras que pasea por Suiza, ajeno al desastre que nos dejó. No, todo lo contrario. Lo que busca es defender lo indefendible. Por eso dice “La marcha del contagio fue la frase que algunos les endilgaron a quienes se movilizaron en defensa de las instituciones, cansados del encierro, de los retos y del pánico que les produce pensar en cómo habrán de sobrevivir en la Argentina los que sobrevivan al coronavirus. Pero por el momento parece que son ellos los culpables”. ¿En defensa de las instituciones? ¿Los que toda la vida atentaron contra ellas, y lo siguen haciendo? Y sí, pero no es por el momento. Son los culpables del aumento de contagios y de las muertes que traen consigo. Como son los culpables de todos los descalabros que provocó el gobierno que ellos votaron y que destruyó al país entre 2015 y 2019. Por eso rápido uno pasa a otra nota. Se encuentra con Luciana Vázquez, que el mismo 22/08/2020 habla de “Los sueños chinos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner”. Si esperaba encontrar un análisis del impacto que los acuerdos con China pueden producir sobre nuestra economía, terminé otra vez decepcionado.  Porque la columnista termina como todos sus colegas, hablando de lo que parece ser su actual preocupación: “Finalmente, la reforma de la justicia que busca el oficialismo. Nadie parece verla como oportuna. No solo los sectores de la oposición de Juntos por el Cambio sino tampoco el lavagnismo o de un peronismo como el de Eduardo Duhalde. Inoportuna como mínimo y como máximo, violatoria de garantías judiciales. Tampoco se construye confianza en ese sentido”. Ya casi no tiene sentido tratar de corregirla, y decirle que la justicia sigue siendo ese valor al que todos deberíamos aspirar, y no un conjunto de funcionarios de un poder el Estado que debería administrarla pero que parece poco deseoso de cumplir con su deber, salvo honrosas excepciones. Para ella, nadie parece ver la reforma judicial como oportuna. Claro que su idea de “nadie” es más bien limitada, ya que se refiere a Juntos por el Cambio, al lavagnismo (si es que algo así existe) y a Eduardo Duhalde. Qué bueno que lo mencione. Porque sobre este personaje vamos a volver. Ahora nos quedamos con Fernando Laborda, que el 22/08/2020 nos advierte sobre “Los dos enemigos con los que duerme Alberto Fernández”. En realidad, es un título mentiroso, lo cual siendo una columna del pasquín de los Mitre-Saguier no debe impresionar a nadie. Digo que es mentiroso porque el enemigo con el que supuestamente duerme el Presidente es, para los escribas de la Tribuna de Doctrina, siempre el mismo. Tal vez influenciado por el aniversario del nacimiento del escritor que tanto lamentaba no haber sido inglés, Laborda arranca contando que “Jorge Luis Borges admitía que detestaba a los comunistas, pero valoraba que, al menos, tuvieran una teoría, a diferencia de los peronistas, a quienes consideraba ‘snobs’. De su enorme repertorio de controversiales frases sobre el peronismo, se destaca una: Los peronistas son una maravilla. Tienen todo el pasado por delante”. No descubrimos nada si nos referimos al antiperonismo visceral, clasista, discriminador y feroz que contaminaba al escritor. Lo que ocurre es que Laborda lo usa como referencia porque seguramente comparte con Borges esos mismos sentimientos, ya que no el talento para escribir. Le alcanza para encontrar ataques a la libertad de expresión donde no los hay. Para él, “La llamada cláusula Parrilli no solo mereció justificados cuestionamientos de profesionales de la prensa y de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que denunció que con medidas como esas solo se busca acallar voces y limitar el debate democrático”.La que denomina “cláusula Parrilli” es una reforma al proyecto original de reforma del Poder Judicial, por la que se incluye entre las presiones que los jueces deben denunciar, si las reciben, las de las empresas de medios de comunicación. Una cláusula que en realidad es redundante, ya que sus deberes éticos obligan hoy a los jueces a denunciar cualquier presión que quiera obligarlos a dictar sus sentencias a favor de alguien, o de algún interés. Por supuesto que están incluidas las de los medios. O sea, se pone en palabras algo que ya existe, aunque no figure expresado en ninguna norma. No voy a juzgar a los que Laborda cree “profesionales de la prensa” porque ni siquiera se atrevió a nombrarlos, y a esta altura todos saben que ADEPA es una entidad empresarial, que defiende intereses que están muy lejos de fomentar el debate democrático. Saltando de tema, Laborda cree que “La coalición gobernante busca garantizar su cohesión machacando ante sus audiencias sobre la idea de que el ‘desastre’ actual es consecuencia de las supuestas ‘relaciones incestuosas’ de los funcionarios macristas con los poderes financieros y de las políticas de Mauricio Macri, a las que, sin mucho fundamento, califica de neoliberales“. Que el desastre actual, salvo por la pandemia, es consecuencia de que los funcionarios macristas fueron eficaces sirvientes de los poderes financieros, no necesita más explicación que la mirada sobre la inflación producida entre 2015 y 2019; la cuenta de los miles de trabajadores que perdieron sus empleos; la nómina de cientos y miles de pequeñas y medianas empresas condenadas a la quiebra o la extinción; el abandono de la salud y la educación pública; el feroz endeudamiento, solo apto para generar la mayor fuga de capitales de nuestra historia reciente; y la subordinación de nuestra política a los dictados de los centros internacionales de poder. SI todo eso le parece poco fundamento para calificar de neoliberales a las políticas del ingeniero sin ingenio, es porque no gay peor ciego que el que no quiere ver. Al día siguiente, 23/08/2020, el siempre servicial Pablo Sirvén habla sobre “El raro arte del disimulo en Télam”. Porque le preocupa que “Mientras que los principales portales informativos llamaban la atención sobre la ‘cláusula Parrilli’, agregada entre gallos y medianoche en el dictamen legislativo por mayoría para reformar la Justicia, como una brutal manera de amedrentar a magistrados y periodistas, la agencia oficial Télam titulaba, silbando bajito: El proyecto de reforma judicial quedó en condiciones de ser aprobado en el Senado“. No es difícil imaginar a quiénes considera Sirvén los principales portales informativos, que uno prefiere denominar como las principales fuentes de desinformación. Todas preocupadas por la cláusula a la que ya nos referimos, tal vez porque una de sus ocupaciones favoritas es la de indicarle a magistrados siempre dispuestos a hacerles caso, cómo resolver las causas sometidas a su juzgamiento. Lo que sí cabe aclarar es que efectivamente, el proyecto quedó en condiciones de ser aprobado en el Senado. Claro que a Sirvén que eso fuera cierto mucho no le importó. Sí se preocupó porque “ Solo en el noveno párrafo de la crónica respectiva aludía muy al pasar, y como quien no quiere la cosa, a que la oposición cuestionó la inclusión de la palabra ‘mediáticos’, sin ahondar en las razones de la controversia”. Cosa que también es correcta, aunque a Sirvén no le guste. Eso sí. Para terminar, no se privó de referirse a uno de los temas favoritos de los seguidores de don Bartolo: la idea de que existe un “albertismo que intenta tener más moderados modos que el ala ultrakirchnerista del Frente de Todos, pero que también debe impostar cierta rudeza para conformar a su principal ‘cliente interno’ que es quien ideó la fusión entre diversos peronismos para reconquistar el poder: la vicepresidenta Cristina Kirchner”. No sea cosa que nos olvidemos de la principal enemiga de LA NACIÓN y sus lectores. El inefable Joaquín Morales Solá sueña con que “La reforma está en la puerta del cementerio” y el 23/08/2020 nos dice que “No hay victoria albertista que dure porque la expresidenta se la eclipsa con sus obsesiones, que son todas obsesiones judiciales. Lo que hizo en los últimos meses indica que ella no buscó la alianza con el resto del peronismo para que este vuelva al poder, como pregona el Presidente, sino para resolver sus problemas en la Justicia, que son muchos y están muy avanzados”.  Como siempre, uno se queda sin saber qué es lo que hizo Cristina y cuáles son las pruebas de que lo hizo. Lo único que tenemos es la palabra de Morales Solá o de alguno de los escribas que repiten una y otra vez “Cristina lo hizo” ante cada cosa que haga el gobierno. Se llaman a si mismos periodistas y algunos agregan de investigación. Ningún periodista que se precie de serlo daría por ciertas cosas que solo existen en alguna imaginación más o menos febril de la derecha de este país, sin pruebas fehacientes que las acrediten. Por las páginas del paquín sesquicentenario solo pasan cosas imaginarias, sin ninguna prueba ni remota. Pero Morales insiste: “El Presidente esperaba que lo aplaudieran por su reforma judicial. Apareció Cristina. El proyecto de reforma es ahora un catálogo de los odios de la vicepresidenta. Incluido, desde ya, el periodismo, que podría ser castigado por la simple denuncia de un juez, según la modificación que le hicieron comisiones del Senado, donde la vicepresidenta manda con el látigo en la mano”. Lean el proyecto de reforma. Busquen alguna prueba de esos odios catalogados. Ni siquiera un personaje como Sabsay, siempre pronto a descerrajar cualquier diatriba contra el peronismo y, sobre todo, contra Cristina, pudo encontrar al menos una cláusula que probara lo que vocifera la derecha argentina, ese variopinto mosaico donde conviven terraplanistas con patriarcales, antiabortistas y corredores, nostálgicos de la dictadura genocida y adoradores del mercado, unidos implacablemente por su desprecio contra el pueblo, los trabajadores, los que creen en una patria justa, libre y soberana. Sigue Morales “El lawfare, la presunta colusión de periodismo, jueces y política para calumniar a los dirigentes nacionales y populares, es un atajo discursivo para huir de la confrontación con las pruebas tangibles de la corrupción”. Si no les gusta la palabra “lawfare”, elijan otra. Y van a ver que no son cosas presuntas sino palpables, que se prueban con solo revisar los expedientes inventados durante el macrismo, la repugnante práctica de amenazar personas para que se convirtieran en buchones de las mentiras que les dictaban espías ciertos o falsos, empleados de los medios, fiscales y jueces que no vacilaron en transformarse en vulgares chantajistas para obtener los resultados que les reclamaban sus amos, los verdaderos dueños del poder. Morales profetiza: “Ese proyecto nunca llegará al recinto de la Cámara de Diputados si el oficialismo no tiene antes la garantía de que cuenta con los 129 votos necesarios. No los tiene y probablemente no los tendrá nunca”. Profecía que se parece mucho a una amenaza poco velada, para que no haya diputado que se anime a dar su voto favorable al proyecto de reforma. Por si algo faltaba, el oráculo mitrista anticipa que “El conflicto con la Corte sucederá cuando lleguen al tribunal los casos de los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi si es que el Senado, como todo hace prever, rechaza sus pliegos. Ellos condenaron a Cristina y sus hijos”. ¿Sabe Morales qué piensa hacer la Corte con un tema que no tiene bajo su jurisdicción? Y si es así, ¿cómo lo sabe? ¿O acaso se trata de una advertencia para los cortesanos? Uno debe recordar varias cosas. La primera, que Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi jamás atravesaron el proceso de selección previsto según la Constitución y las leyes como para desempeñarse como camaristas. La tarea de los camaristas es revisar los fallos de los tribunales de primera instancia, y si se da el caso, revocarlos. Bruglia y Bertuzzi se sometieron al proceso de selección de jueces de Tribunales Orales, cuya tarea es juzgar oral y públicamente los casos en los que la prueba reunida hace necesario el juicio. Dos tareas muy diferentes, y hasta casi opuestas. Nunca debieron funcionar como camaristas. Que lo hayan hecho demuestra el grado de manipulación y distorsión de los mecanismos judiciales que fue una constante del macrismo. También es prueba de que ambos dejaron de lado toda mínima norma de buen comportamiento, al aceptar cargos para los que no habían sido seleccionados ni contaban acuerdo. Causal más que suficiente como para creer que su conducta como magistrados fue mala y debe ser juzgada por el Tribunal de Enjuiciamiento que corresponda. La otra cuestión que preocupa es que hace menos de un mes LA NACIÓN anunciaba que la Corte preparaba su contragolpe contra el gobierno, a raíz del proyecto de reforma judicial. Podría haber sido otro yerro de los muchos en los que incurre el matutino, pero a los pocos días y como sacada de la galera de un cortesano con ínfulas de mago, aparecía la confirmación de la condena a Luis D’Elía, acusado no de un hecho de corrupción sino de haber encabezado un reclamo popular para que no quedara impune la muerte de Martín Oso Cisneros. Ese, para la Corte, es un delito que merece prioridad en el trato, sobre todo cuando aparecen proyectos que no le gustan. No como los muchos procesos por crímenes de lesa humanidad, cuyas sentencias pasan años y años sin que los cortesandos se dignen confirmarlas. Como si lo de Morales fuera poco, el 24/08/2020 Luciano Román dice que hay “Seguridad por mano propia en una sociedad aterrada”. No se crean que está en contra de los justicieros que cuando sufren algún delito proceden a transformarse en jueces y verdugos y ejecutan sin piedad a sus asaltantes. No, su preocupación estriba en que “Desde las marchas conmovedoras de Blumberg se intentó la política del péndulo: por un lado, algunas leyes duras, la Gendarmería en el conurbano y una retórica oportunista; por el otro, la doctrina zafaroniana, policías desarmados fuera de servicio y garantismo militante”. Ahí llega Zaffaroni, otro de los blancos predilectos de los escribas mitristas. ¿Sabrá el columnista que las leyes de mano dura impulsadas por el que no era ingeniero no trajeron mejora alguna en cuestión de seguridad ciudadana? ¿Y tendrá alguna idea de que la función de los jueces, cuando hacen lo que deben, es la de ser garantes de los derechos de todas, todes, todos? ¿Y que si no cumplen con garantizar esos derechos no cumplen su función? Si acaso lo sabe, no le importa. No están esas cosas en el manual de estilo de los opinólogos de LA NACIÓN. Allí se apunta a otras cosas, porque para Román “Mientras la política discute una extravagante e inoportuna reforma en la Justicia Federal, hay una sociedad con insomnio: el miedo no la deja dormir. ¿Se seguirá negando lo evidente? ¿Seguirá oscilando el péndulo?”. Más allá de señalar que obviamente, los péndulos siempre oscilan, tengamos claro que en estos pocos días los escribas van lanzando advertencias, amenazas, premoniciones, augurios, cada vez más tenebrosos. Esto ocurre, según Daniel Bilotta en su columna del 24/08/2020, porque el gobierno dictó “Un decreto a la medida de Cristina y de Macri”. Cosa curiosa, sería una norma que conforme a casi todos. Pero no lo es. Aclara el columnista que “El DNU 690 refleja el impacto en el Gobierno de la marcha del 17 de agosto. Sobre todo en la idea más ambiciosa de Alberto Fernández: crear, con sectores de la oposición, un polo de poder equidistante de las posiciones extremas atribuidas a Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri”. Resulta absurdo suponer que la marcha del contagio, de escasa concurrencia más allá del desfile de coches de alta gama con múltiples incumplimientos impositivos y variadas multas impagas, es el motivo que impulsó al Presidente a dictar el decreto. Algunos pocos cientos de personajes estrafalarios que vociferaban cosas como que el virus no existe, sino que es el producto de permitir los casamientos homosexuales, y que la vacuna pretende cambiarnos el adn y transformarnos en autómatas o mucho peor, en comunistas, no tienen el peso suficiente como para transformarse en la razón de los actos de gobierno. La razón parece otra, y Bilotta cuenta entonces que “Los empresarios disimulan el malestar por la inclusión de la televisión por cable, la telefonía móvil e internet en los servicios públicos y el congelamiento de precios que rige para ellos hasta fin de año”. Aparecen aquí los que imponen el derrotero a seguir por los columnistas de los Mitre-Saguier. Por las dudas y para cumplir todos los mandatos, Bilotta insiste “Hay otra dificultad que Fernández intenta resolver con el decreto. Convencer a Cristina de que el suyo no es un gobierno débil”. Ya nos lo contaron muchas veces. Alberto no gobierna sino para complacer a su Vice. Carlos Manfroni asimila cosas imposibles de asimilar como “La marcha del #17A y la Revolución de Terciopelo” y el 24/08/2020 dice algo que  se aplica perfectamente al tipo de gobierno que al parecer, es de sus favoritos. Porque cuenta que “Resulta necesario conocer la Historia, porque de ella se toman lecciones. La primera consiste en la sorpresa de advertir que hasta los gobiernos que no dependen del voto democrático recurren a la mentira, lo cual indica que difícilmente se puede prescindir de cierto consenso popular para gobernar”.De su redacción, algo confusa, es cierto, pareciera que la mentira sí es atributo de los gobiernos democráticos. Y que el consenso popular no se logra diciendo la verdad. Pero después aclara que “La comunidad reacciona frente a mentiras que representan una burla en el presente y un anticipo de mayor restricción a las libertades en el futuro próximo. Y las burlas caen particularmente mal cuando una persona está encerrada”. Si uno se guía por los alaridos de los marchantes, la mentira sería que existe una pandemia (vaya mentira, que recorre todo el mundo y se va cobrando cientos de miles de víctimas). Pero otra vez asoma la amenaza futura. Las burlas caen mal, la comunidad reacciona… El 25/08/2020 Carlos Pagni cree que el decreto de necesidad y urgencia 690/2020 es “Un ataque de Alberto Fernández al corazón de la economía”. Explica que se trata de “un decreto breve que establece un cambio que es que todo aquello que tiene que ver con las telecomunicaciones (televisión por cable, internet, telefonía celular y fija) se transforma en un servicio público. Esto quiere decir que el Estado tiene ahora sobre estos mercados, sobre estas actividades mucha mayor influencia. Puede condicionarlos, regularlos mucho más que antes”. Igual que ocurre en otros muchos países, como Francia, Holanda, Canadá, Finlandia, Estonia, Corea del Sur, México y Costa Rica. También organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) emitieron en 2019 una declaración conjunta pidiéndole a los Estados “reconocer el acceso y uso de internet como un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio de la libertad de expresión“. ¿Serán acaso otros atacantes del corazón de la economía? Lo que pasa, según Pagni, es que “para el Gobierno, todo esto, las críticas, las movilizaciones, las protestas, son en realidad generadas, no reveladas o publicadas, generadas por los medios. Y, sobre todo, por el Grupo Clarín”. Pagni, no solo para el gobierno. A esta altura, una mayoría de los habitantes del país ya se dio cuenta de eso. Pagni se horroriza porque “para corregir las relaciones con ese medio, o eventualmente atacarlo, se decide cambiar la lógica económica de todo un sector y de uno especialmente estratégico en la economía, como son las telecomunicaciones”. SI esa lógica sigue siendo como hasta ahora, la lógica del lucro como única finalidad, de la ganancia a cualquier costo, de los intereses de unos pocos por ganar cada día más, bienvenido sea el cambio. Y ojalá haya muchos más. Alguien que dice estar a favor de la libertad de expresión debería celebrarlo. Pero al columnista le disgusta que “la agenda de Fernández se va pareciendo a la agenda de Cristina en 2011-2015”. La respuesta seería que por suerte no se parece en nada a la de Macri en 2015.2019. Para el final, llega el profeta máximo. Eduardo Duhalde dice que “La Argentina puede tener un golpe de Estado” y LA NACIÓN  publica sus palabras a todo trapo el 25/08/2020, señalando que quien estaba a cargo del Poder Ejecutivo cuando se produjeron los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki advirtió que “La Argentina corre ese riesgo, porque la verdad que esto es un desastre tan grande que no puede llegar a pasar nada bueno. La gente se va a rebelar. Se puede generar un peor clima al que se vayan todos“. La amenaza con todas sus letras. Los personajes de la derecha argentina vuelven a ser lo que siempre fueron. Enemigos de la democracia. Golpistas