Doble vida

“El juez justo y severo, al ritmo decadente de un bolero, en la ciudad prohibida olvida su disfraz de caballero. Lleva una doble vida” (Joaquín Sabina) Carlos Rosenkrantz es Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por decisión de Mauricio Macri, desde agosto de 2016. Antes de obtener el acuerdo del Senado para su designación, había aceptado ser nombrado “en comisión”. Así lo informaba Adrián Ventura, en la nota publicada en LA NACIÓNel 15/12/2015: “Macri nombró en comisión a dos juristas para completar la Corte”, y explicaba: “El presidente Mauricio Macri eligió, en comisión, es decir, temporariamente sin acuerdo del Senado, a dos jueces para la Corte Suprema: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz”. La Constitución Nacional, en el artículo 99 inciso 4, establece que el Presidente “Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”. Por su parte, el Decreto 222 del 19 de junio de 2003 establece que se considerarán, respecto de los candidatos a ocupar el cargo de Ministros de la Corte, “susaptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos”. Asimismo, el Decreto contiene una serie de disposiciones dirigidas a que la sociedad conozca los antecedentes de los propuestos y pueda formular, eventualmente, sus impugnaciones a sus candidaturas. Está claro que la propuesta de Macri de designar a Rosenkrantz y Rosatti “en comisión” no cumplía ni con las disposiciones constitucionales ni con las establecidas en el referido Decreto 222/2003. Sin embargo, ambos propuestos aceptaron ser designados de esa manera. Fue el rechazo de la sociedad ante el escándalo que suponían tales designaciones el que hizo retroceder a Macri y lo obligó a cumplir, aunque para él solo fuera una formalidad, con las disposiciones de nuestra Ley Fundamental. Lo que es inexplicable es que el Senado prestara su acuerdo. Porque si quienes van a desempeñarse como jueces de la Corte Suprema, cuya principal función es ser la última intérprete de la Constitución Nacional, parten de desconocer las disposiciones de la misma, no demuestran estar comprometidos con la defensa de los valores democráticos. La trayectoria posterior de Rosenkrantz, sobre todo, tampoco fue un ejemplo de compromiso con los derechos humanos. Al contrario, su voto fue decisivo para conformar la mayoría (junto con Rosatti y Elena Highton de Nolasco) que el 3 de mayo de 2017 resolvió otorgar el beneficio del “2 x 1” al condenado por crímenes de lesa humanidad Luis Muiña. La historia es sabida: el escandaloso fallo provocó una inmediata respuesta de la sociedad que produjo una multitudinaria concentración que obligó al Congreso de la Nación a sancionar la Ley 27.362, que aclaraba expresamente, por si acaso hiciera falta, la no aplicabilidad del beneficio a los condenados por crímenes de lesa humanidad. El “2 x 1” había sido establecido por una ley que ya no se encontraba vigente al momento del fallo, que no integraba las normas penales sino que estipulaba una manera de computar el tiempo transcurrido en detención, y que buscaba paliar la grave situación que se producía ante la lentitud del accionar de los tribunales y las inhumanas condiciones de detención que sufrían los alojados en las cárceles del país. A partir de la sanción de la Ley 27.362, la Corte no volvió a aplicar el beneficio cuando se le plantearon casos similares al de Muiña. Pero Rosenkrantz, en minoría, siguió sosteniendo su criterio. En septiembre de 2018, Rosenkrantz fue electo Presidente de la Corte Suprema. La Corte, por la Acordada 42 del 29 de diciembre de 2008, había resuelto crear la “Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad” y decidió para ello “Invitar a los poderes públicos del Estado, al Ministerio Público Fiscal y al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, a coordinar los esfuerzos para resolver las dificultades que provocan demoras en la sustanciación de procesos judiciales”. La llamada “Comisión Interpoderes” celebró distintas reuniones en las que se trataron los problemas que obstaculizaban la marcha de los procesos en los que se juzgaban crímenes de lesa humanidad. La convocatoria de la Comisión, siempre, correspondió a la Corte que la había creado. La última reunión se celebró en septiembre de 2016, y pese a los reiterados requerimientos de fiscales, abogados, y organismos defensores de derechos humanos, no se había vuelto a convocar hasta que casi en simultáneo con su decisión de abrir el “per saltum” para resolver los reclamos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli que pretenden permanecer en cargos para los que no cuentan con el acuerdo que prevé la Constitución, Carlos Rosenkrantz decidió llamar a los organismos defensores de Derechos Humanos a participar de una audiencia con la “Comisión Interpoderes” el 8 de octubre de 2020. Antes de ello, la diputada Vanesa Siley, que es abogada e integra el Sindicato de Trabajadores Judiciales, había pedido su juicio político. Rosenkrantz se indignó y contestó con una carta pública en la que sostuvo cosas como que “los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones sobre el ‘2×1’ encuentran su apoyo en la Constitución, en el derecho interamericano y el derecho internacional de los Derechos Humanos” (lo cual constituye una interpretación contradictoria de los mismos); en relación a la demora en sustanciar el expediente relativo a la participación de Carlos Pedro Blaquier en los crímenes de lesa humanidad acontecidos en Jujuy, sostuvo que “el expediente ingresó a la Corte Suprema el 5 de junio de 2015, es decir, más de un año antes de mi incorporación como Ministro el 22 de agosto de 2016”, y agregó que “tuve la causa en estudio en dos oportunidades: del 2 de mayo de 2019 al 11 de julio de 2019 y luego entre el 5 de agosto de 2019 y el 15 de noviembre de 2019”. Manifestaciones que, lejos de ser un descargo aceptable, lo que demuestran es que la Corte tiene a estudio, sin resolver, desde hace más de cinco años un caso ocurrido hace cuarenta y cuatro años. Ni Rosenkrantz ni los otros Ministros parecen haber advertido que se trate de un caso que merezca tratamiento similar al de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que se quejan de algo ocurrido hace menos de un mes, que no afectó ni sus salarios ni sus designaciones anteriores, y que por supuesto no es un crimen de lesa humanidad. Pero Rosenkrantz es defendido con ahinco por los escribas del mitrismo, tal vez porque piensan como Laura Di Marco, que el 07/10/2020 en su nota titulada “Disparen contra Carlos Rosenkrantz” sostuvo que “Rosenkrantz es un jurista liberal, republicano, con fe en el capitalismo y la propiedad privada: perversidades, todas, imperdonables en el mundo de Cristina y Verbistky”. No se entiende, en la confusa prosa de Di Marco, qué virtudes encuentra en Rosenkrantz (ni tampoco, para el caso, qué tiene que ver Verbitsky en la cuestión), ni cómo cree que se conjuga, por ejemplo, la aceptación del nombramiento “en comisión” con la defensa de los valores republicanos. Empecé estas líneas por el caso de Rosenkrantz porque me parece demostrativo de la desintegración moral del Poder Judicial, por lo menos en lo que es el funcionamiento de su máximo tribunal, y cómo los sectores de la derecha reaccionaria y los medios hegemónicos como la Tribuna de Doctrina y su primo el clarinete mentiroso van logrando imponer su agenda, que desde el triunfo de los Fernández en las PASO de agosto de 2019 tiene como objetivo impedirles que ejerzan el poder que los votantes les confirieron. Es cierto que la propia marcha del gobierno a veces causa desaliento en esos votantes: las continuas concesiones al Jefe de Gobierno porteño, con motivo de la pandemia, solo han logrado provocar un aumento de los casos que pone en peligro los logros conquistados con las medidas dispuestas en un primer momento y luego abandonadas en aras de un consenso nunca logrado. Un triste ejemplo de ello fue Alberto Fernández tratando como amigo a Horacio Rodríguez Larreta, que casi de inmediato respondió que no lo era. Y el abandono de una política exterior independiente consagrado en el voto contra Venezuela en las Naciones Unidas tampoco ayuda a mejorar el ánimo de quienes confiaron en que el Frente de Todos corregiría los desastres del macrismo. Lo cierto es que los columnistas del grupo SaguierMitre siguen desinformando con tenacidad, torciendo la realidad para que coincida con los designios de sus jefes, y buscando a cada paso la caída del gobierno, ya sin mucho disimulo y sin cuidar las formas. Por eso Joaquín Morales Solá escribe el 04/10/2020 que  “El proyecto es Máximo presidente”. Ahora la cuestión es instalar que quienes quieren el golpe palaciego que desplazaría a Alberto Fernández son Cristina y su hijo. Ni siquiera el kirchnerismo ni el peronismo, cuyas muertes Morales declara una vez más: “El kirchnerismo ha muerto en el Gobierno. Y el peronismo también. Lo único que sobrevive, poderoso y autoritario, es el cristinismo, la corriente interna del oficialismo que lidera”. Una serie de afirmaciones desprovistas del más mínimo sustento que permita corroborarlas, pretenden hacernos creer que lo que ocurre es producto de las maquinaciones maquiavélicas de la detestada Vicepresidenta y de su hijo, que sube en las acusaciones de los columnistas de LA NACIÓN en la misma medida en que no pueden probar nada de lo que le vienen atribuyendo hace años. Entonces es que “El plan de la madre y su hijo explica muchas cosas. En primer lugar, el ninguneo al propio Presidente, a quien muestran como un dependiente de ellos. Como un vicario temporal de un poder que no es de él”. Ya lo dijeron de todas las formas posibles. Claro que a Morales no se le puede exigir coherencia. Basta recordar que cuando se produjeron escraches contra figuras de la derecha, inmediatamente clamó que se trataba del fascismo, mientras que cuando el destinatario del apriete fue el juez Lorenzetti el hecho se transformó en el reclamo de la sociedad justamente preocupada. Doble vara, doble vida, doble apuesta contra la democracia. Un clásico en el pasquín sesquicentenario. Que tiene al novelero Jorge Fernández Díaz, que el 04/10/2020 nos informa que “Agoniza la farsa del ‘progresismo’ populista”. Su pobre escritura reitera una y otra vez las obsesiones que lo carcomen, donde el peronismo ocupa un lugar central que al parecer, resiste cualquier tratamiento que pretenda traer algo de paz (y de claridad) al pretenso literato. Que tal vez creyéndose un calificado observador de la realidad nos describe al “progre nacional, que es carne de chantajes emocionales (no resiste ser corrido por izquierda ni ser llamado ‘gorila’) y está plagado de supersticiones, ha asimilado todos los camelos de los 70 y los ha transformado en indiscutibles axiomas de lo políticamente correcto“. Que alguien como el Fernández contra efectúe esa descripción es casi una reivindicación de lo que busca condenar. Porque lo que para él son supersticiones y camelos es nada menos que el credo por el cual una generación ofreció su vida, en la decisión de construir una democracia genuina, solidaria e igualitaria, en una lucha que fue arrasada por el Estado terrorista sostenido por los mismos sectores que hoy quieren recuperar el poder de las instituciones para poder ejercer su hegemonía sin conflictos. Sectores de los que LA NACIÓN y sus columnistas han sido y son voceros permanentes. El novelero se preocupa porque “La izquierda peronista, por segunda vez en cincuenta años, se va fagocitando directa o indirectamente a ese segmento inflado de retórica pequeñoburguesa y de insostenible superioridad moral”. Que se recurra a términos como la “superioridad moral” por un empleado de los sucesores de don Bartolo es un contrasentido, pero ahí van más palabras pretendidamente elaboradas para que Fernández se queje de “Un conjunto de cantamañanas que han sido autores de malentendidos y mendacidades, y que también son responsables de nuestra decadencia, puesto que han operado exitosamente sobre la Justicia, la enseñanza, la literatura y el imaginario colectivo”. Palabras que tal vez tuvieran algún sentido si el novelero las dedicara a sus patrones, que históricamente se han valido de tales medios. Con la colaboración de plumas como la del servicial Pablo Sirvén, que el 04/10/2020 ve a “La Corte, en el ojo de la tormenta”. Claro está que no se refiere a la historia de incumplimientos de su deber de ser el máximo resguardo de los derechos de los habitantes de esta Nación, sino al peligro de que alguna vez se pueda devolver al Poder Judicial a su obligación de garante. Peligro que Sirvén ve encarnado, cuándo no, en el peronismo. Por eso explica que “Por su esencia verticalista, el peronismo nunca se siente cómodo con poderes que no controla. Por eso son cíclicos sus choques con representantes del Poder Judicial. Y por la misma razón sobreactúa los cortocircuitos con la prensa”. Lo que se debería interpretar es que hay jueces que, al igual que cierta prensa, trabajan de corrido contra los intereses populares que el peronismo supo representar. Buscan el desgaste del gobierno y tratan de imponer la creencia de que ya se encuentra en el declive final. Por eso Claudio Jacquelin el 05/10/2020 se refiere a “Las 72 horas decisivas que enfrenta Alberto Fernández”. Y sostiene que “Pese a la necesidad de alcanzar una urgente tregua en todos los terrenos, el pronóstico político no augura una baja de la conflictividad. La cuestión judicial seguirá siendo uno de los ejes principales de la tensión”. ¿Tregua con quién o quiénes? A Jacquelin se le suelen escapar algunas verdades que él no alcanza a controlar. Porque al hablar de tregua reconoce que hay una guerra desatada contra el gobierno. Y que quienes la comandan no piensan en aminorar sus ataques, que tienen a una buena parte del Poder Judicial como una tropa de elite que va a la vanguardia. Carlos Pagni, el 06/10/2020, define a Alberto Fernández como “Un Presidente off the record”. Hay que reconocerle a Pagni una cierta habilidad en el desarrollo de sus notas, que por cierto siguen el derrotero trazado por los dueños del poder en su lucha contra los intereses populares. Dice el escriba que “Como sucede en los gobiernos o en los regímenes autoritarios, el que necesita expresar su verdad, si esa verdad contradice al poder lo hace off the record. La curiosidad es que en este caso lo hizo el Presidente. Como si el poder lo tuviera otro, alguien capaz de sancionarlo si hace público lo que debería haber hecho”. En su frase conjuga el maltrato hacia Alberto, siempre considerado como un títere, con el intento de mostrar las fisuras del frente gobernante. Pero, ¿a qué se refiere el columnista? Lo explica de este modo: “Vanesa Siley reactivó un pedido de juicio político que tenía contra el juez Carlos Rosenkrantz porque el juez votó, tal cual establecía la ley, el cómputo de las penas con el 2×1, en un procesado por crímenes de lesa humanidad”. Como lo dijeron otros, la ofensiva contra Rosenkrantz la comanda Cristina. Pagni nos dice, sin decirlo expresamente, que el Presidente no está de acuerdo con esa ofensiva. Pero que carece del poder necesario para oponerse. Eso sí, al igual que los otros columnistas de LA NACIÓN, Pagni nos pide que le creamos sin ofrecer ninguna prueba de sus dichos. Así que dice: “Les puedo asegurar que, cuando el Presidente asumió el poder, ni para él ni para su entorno, la Corte era un problema. Se ha ido transformando en un tema a medida que Cristina Kirchner vio que su futuro judicial dependía muchísimo de ese tribunal”. Olvida mencionar que desde sus primeros discursos Alberto Fernández señaló la necesidad de producir una profunda reforma del sistema de administración de justicia. Sistema cuya cabeza está en la Corte Suprema. Acaso el problema sea que el Presidente intente cumplir con su discurso. Luis Majul carece de la habilidad de Pagni. Es más rústico, más directo cuando expresa sus deseos (o los de sus patrones). Por eso el 06/10/2020 titula: “Alberto Fernández, Cristina y Máximo Kirchner en tiempo de descuento“. Ya se acaba el partido, nos dice. Ya los van a correr del lugar que ocupan, quiere creer. Escribe que “Aunque no parecen muy conscientes del momento que atraviesa al país, la presente etapa del gobierno de Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández y de su hijo, Máximo Kirchner, parece estar ingresando en tiempo de descuento. O el Presidente pega un volantazo urgente, mientras intenta contener la presión sobre la demanda de dólares, o la administración entrará en una dinámica de alto riesgo y de resultados inciertos”. La nueva etapa del viejo ataque exige dar un rol más protagónico a Máximo Kirchner. A quien hay que descalificar para evitar que cobre altura en su rol de articulador del bloque oficialista en la Cámara de Diputados. Las páginas del pasquín mitrista cobijan otras cuestiones y prohijan figuras a las que sienten representativas de su pensamiento. Por eso el 06/10/2020 nos informan de que “#12O. Patricia Bullrich convocó a marchar y habló de la “agenda clandestina” de Cristina Kirchner”. La figura de la ex ministra que empoderó a los cultores del gatillo fácil y buscó consagrar a la violencia institucional como método de resolver problemas de inseguridad, resulta atractiva para los sectores de la derecha más cerradamente reaccionaria. Que es lectora de LA NACIÓN. Que aplaude cuando falseando su propia historia personal y mintiendo descaradamente sobre hechos luctuosos de nuestro pasado, Patricia Bullrich declara que nunca fue montonera y atribuye al asesinato de Carlos Mugica a esa organización, contra toda la evidencia que ha demostrado, más allá de cualquier duda, que la muerte del cura villero fue producto de los pistoleros de la Triple A comandada por José López Rega. Algo que la ex montonera que hoy reniega de su pasado no ignora. Hoy, en su rol de presidenta del partido de Mauricio Macri, convoca a marchar contra el gobierno, porque sostiene que  “Por todo esto tenemos que marchar, porque además, atrás de esta agenda hay una agenda clandestina, está la agenda de la vicepresidenta, de la impunidad, del querer llevarse la Corte Suprema puesta, de llevarse los jueces puestos, de llevarse al procurador, de decir ‘en la Argentina no pasó nada, hay impunidad’, y nosotros esa no la vamos a dejar pasar“. Una vez más un personaje de la galería de nuestra derecha atribuye a otros las conductas que el gobierno que integró llevó a cabo, en su tarea de destrucción de la democracia. Porque los que buscaron la impunidad, con los traslados inconstitucionales de jueces de un lado para otro, con la expulsión de los magistrados que no quisieron someterse, con la presión y las amenazas que llevaron a la renuncia de la Procuradora General, fueron los que ocuparon el gobierno entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, y no se resignan a que la voluntad popular no los acompañe. LA NACIÓN advierte el 07/10/2020, sobre el “Impuesto a la riqueza: la carta de una entidad del agro a diputados y senadores alertando una liquidación de activos“. Forma no muy sutil de presionar a los legisladores para que no se atrevan a sancionar leyes que afecten los intereses de los poderosos. Para darle un sesgo pretendidamente histórico a las cosas, está Pablo Mendelevich. Que reescribe los sucesos usando su particular prisma, que siempre encuentra la culpa en el peronismo, aunque para hacerlo tenga que distorsionar la realidad. El 07/10/2020 habla de “La historia, tragedia y amnesia que sobrevuelan en Puente 12”. Intenta encontrar un nexo entre los sucesos de Ezeiza, del 20 de junio de 1973, con el accionar del Estado terrorista entre 1976 y 1983 y la gestión actual de la seguridad en la Provincia de Buenos Aires. Explica que “Los espíritus del pasado se han apersonado en estos días con inconfundible vestuario setentista, pero, de nuevo, no en clave ‘marxista’ sino recreativamente peronista”. La responsabilidad de los eventos de Ezeiza parece que fue del Presidente Cámpora y no de las patotas armadas por Jorge Osinde y José López Rega. ¿Por qué volver sobre el Presidente que durante cuarenta y nueve días fue fiel a su mandato, a sus promesas preelectorales y a su historia personal? La explicación viene a continuación: “Cámpora es la mejor figura que encontraron los kirchneristas tras revisar la historia argentina, pero rara vez hablan de los porqués de su meteórico ascenso y de su súbita caída”. De la izquierda peronista de los ’70 a los integrantes actuales de La Cámpora. Vamos hilando al enemigo. Llegando al presente, recuerda que es en Puente 12 donde se instala el comando de la Policía bonaerense y dice que “El problema no es solo que por asentarse en Puente 12 el éxito de la misión les sigue siendo esquivo sino el nivel de negación del pasado traumático que supone manejar a la policía bonaerense justo desde ese lugar, donde la transparencia se escurre”. Porque, ilustra, “Puente 12 fue durante la dictadura un centro clandestino manejado por el sanguinario Miguel Etchecolatz”. Mescolanza infame que confunde asesinos y asesinados, que desmerece a la militancia política que renació en los años del kirchnerismo, y que parece decir que todo es lo mismo. Pero no. No es lo mismo. Los que desde los palcos de Ezeiza atentaron contra el pueblo que iba a recibir a su líder, son los mismos que junto a Etchecolatz llevaron adelante el genocidio y buscan imponer como única política de seguridad posible el punitivismo extremo. Los mismos que sirvieron y sirven a los intereses que LA NACIÓN defiende y representa. En esa doble vida que proclama la adhesión a la República y la democracia y llora por la justicia, mientras hace exactamente lo contrario.