Unitarios

Como si su fundador continuara su lucha por someter al país a la supremacía porteña, para desde allí entregar la soberanía a sus patrones (ingleses en aquellos tiempos, multinacionales hoy) la Tribuna de Doctrina se entusiasma hoy con la rebeldía del alcalde de la ciudad autónoma, que parece creer que en realidad gobierna un territorio independiente. ¿Creerán acaso que volvieron los tiempos en que la ciudad-puerto -y la provincia tras ella- se escindieron del resto de la Confederación y soñaron con fundar un país a su medida? ¿Estarán preparándose para una nueva batalla de Pavón? Una banda de irresponsables que juegan con la vida de millones se ha empeñado en desconocer la autoridad del Presidente de la Nación, bajo el pretexto insostenible de que quieren sostener la educación pública. Y para sostener sus absurdas y criminales pretensiones, acuden a los jueces que han designado justamente para eso. Para servir a sus designios, no para hacer justicia. Alberto Fernández dictó, el 15 de abril de 2021, un decreto de necesidad y urgencia (241/21), que por mucho que pueda disgustar a los que prefieren una norma producto de la actividad del Congreso, es absolutamente constitucional. Ese decreto, claramente de contenido de política sanitaria, en medio del recrudecimiento de la pandemia que sacude al mundo entero, establecía una serie de restricciones, pensadas para al menos lograr frenar la curva ascendente de contagios. Entre esas medidas estaba la suspensión, por quince días, de las clases presenciales en el área metropolitana. El alcalde porteño, el mismo que redujo el presupuesto para la educación pública, el mismo que habilitó contenedores para que funcionen como aulas, el mismo que dejó fuera del sistema educativo al menos a diecisiete mil niñxs, anunció que no iba a acatar la medida, arguyendo, entre otras cosas, que no había sido consultado. Al día siguiente y satisfaciendo su pedido, fue recibido por el Presidente. Claro que no había ninguna vocación de diálogo en su actitud. Antes de ingresar a la entrevista con Alberto Fernández, Rodríguez Larreta había presentado una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pidiendo la inconstitucionalidad del decreto. ¿De qué iba a dialogar, entonces, si ya había manifestado su intención de no acatar la norma ante los tribunales? Por las dudas, organizaciones privadas plantearon otra acción de amparo, ante los tribunales de la ciudad, para que se impidiera la suspensión de la presencialidad. Reclamo este manifiestamente improcedente, como podría decir cualquier estudiante de derecho, puesto que no pueden los tribunales porteños resolver una cuestión que atañe al estado federal. Sin embargo, el previsible rechazo del amparo en primera instancia fue revocado por los jueces Nieves Macchiavelli, Marcelo López Alfonsín y Laura Perugini, de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, conocida en los pasillos tribunalicios como la sala amarilla. Como datos de color rápidamente desparramados por las redes sociales (y por los pocos medios que escapan a los dictados de las empresas hegemónicas) se descubrió que la jueza Macchiavelli es hermana del Secretario de Ambiente del gobierno porteño; y se difundió una foto en la que López Alfonsín se mostraba exultante junto a la inefable Laura Alonso, que todavía no pudo explicar de qué hablaba con Natalio Alberto Nisman antes de que se suicidara. Con tamaños antecedentes, lo mínimo que cabía esperar de tales magistrados era que se excusaran de intervenir. No lo hicieron y sostuvieron en una esperpéntica resolución, carente por completo de asidero jurídico, la primacía de las normas e instituciones porteñas por sobre el decreto presidencial. Entre tanto, los escribas de LA NACIÓN ya habían tomado partido. El 18/04/2021 Joaquín Morales Solá, siempre listo para este tipo de mandados, sostuvo que el Presidente había violado la Constitución al tratar de imponer su voluntad por sobre la autonomía porteña. Vaya uno a saber de dónde sacó el vocero del Operativo Independencia sus conocimientos sobre la normativa constitucional y la cuestión de las facultades de las provincias y las de la ciudad autónoma, pero lo cierto es que en esta cuestión, como en prácticamente todas las que publica, sostuvo una falsedad. Ni la Constitución ni la ley 24.588 (conocida como ley Cafiero) ponen a la educación bajo la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires. La que rige en la materia es la ley 26.206, que establece las competencias en sus artículos 4º, 5º y 6º, de los que surge que quien fija la política educativa y controla su cumplimiento es el Estado Nacional, que es asimismo responsable de las acciones educativas junto con las provincias y la ciudad autónoma. Para saberlo tampoco es necesario ser un experto jurisconsulto, basta con hacer una mínima búsqueda en internet. Claro que es más fácil mentir, y más útil a los propósitos de la derecha a la que Morales Solá sirve tan fielmente. También es falso que Ángela Merkel, la primera ministra de Alemania, no haya cerrado las escuelas. Las tuvo cerradas al menos hasta el 7 de marzo de 2021. Macron cerró los colegios franceses por el mes de abril de 2021. Lacalle Pou, el presidente uruguayo tan alabado en las páginas del pasquín de los Mitre-Saguier, cerró las escuelas hasta fines de abril de 2021. Ocurre que Morales Solá no pretende decir la verdad, sino convencer a sus lectores de que “El cierre de escuelas es una idea de Kicillof, que cuenta con el aval de Cristina Kirchner”. Como siempre, las cosas ocurren por las malévolas conspiraciones del aprendiz de Marx y su jefa Maléfica. El mismo 18/04/2021, Gustavo Menna hablaba de “El día que la autonomía de la ciudad de Buenos Aires fue negada por un porteño”. El columnista se sintió sorprendido por la afirmación de Alberto Fernández de que la ciudad de Buenos Aires no es una provincia. Entonces recurrió quién sabe a qué textos para buscar argumentos que contradijeran los dichos del profesor de derecho que ejerce el Poder Ejecutivo por voluntad de los votantes de nuestro país. Según sus dichos, el artículo 129 de la Constitución otorgó a la ciudad de Buenos Aires “todos los atributos propios de un Estado federado. Con las características y propiedades de una provincia, solo que con la particularidad de constituir una entidad geográfica enteramente urbana”. Lástima que no es así. El citado artículo de nuestra ley fundamental reconoció a la ciudad de Buenos Aires  “un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción”,  y la elección de su jefe de gobierno por el pueblo de la ciudad, al tiempo que aclaraba que los intereses del Estado nacional serían garantizados por una ley, mientras Buenos Aires siga siendo la capital federal. Eso es lo que hizo la ya nombrada ley Cafiero. Menna se disgusta porque Alberto Fernández es porteño, y por ende cree que “como vecino y habitante del distrito que adquirió su emancipación política en 1994, sería esperable que reivindique y defienda el carácter plenamente autónomo de la ciudad y de sus derechos igualitarios respecto de las demás provincias”. Pero es que Buenos Aires no es una provincia. La Constitución es sumamente clara al respecto. Dice el artículo 13 que podrán admitirse nuevas provincias, siempre que no se erija una en el territorio de otra u otras, sin el consentimiento del Congreso federal y de la legislatura provincial que correspondiere. Buenos Aires es un distrito federal mientras sea la Capital de la República, status que le otorgó una ley y que por ende, podría ser revocado por otra ley, en cuyo caso volvería a integrar el territorio de la provincia de Buenos Aires. Para ser declarada provincia, por lo tanto, tendría que haber existido una ley que lo dispusiera -y la ley Cafiero no lo hace-, y contarse con el aval de la Legislatura de la provincia, cosa que tampoco ocurrió. No goza, por lo tanto, de la reserva de facultades que las provincias hicieron frente al Estado federal, al decidir constituirse como Nación, reserva que en virtud del mandato del artículo 13 de la ley fundamental se extiende a las nuevas provincias que sean reconocidas, la última de las cuales fue la de  Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, creada por la ley 23.775. Sería deseable que antes de despacharse con semejantes declaraciones, un legislador como Menna se cuidara de incurrir en dislates que no se corresponden con la normativa constitucional vigente, que debería conocer. El 19/04/2021 Diego Cabot, el redactor de cuadernos, se alegró porque “El profesor de derecho anotó un aplazo en Constitucional”, cosa que creyó que ocurría gracias al fallo de la sala amarilla de los tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario, sin reparar en que quienes sacaron un aplazo en tal materia fueron los jueces que dictaron un pronunciamiento para el que no eran competentes. No les daba razón para entender sobre el decreto el argumento de que quienes interpusieron la acción de amparo buscaban garantizar el derecho a la educación, porque como ya se explicó quien es responsable de esa garantía es, en primer lugar, el Estado federal; y porque ese derecho no fue negado al suspenderse la presencialidad -que por cierto no abarcaba los quince días a los que se refiere el decreto 241/21-, sino que fue asegurado por los mecanismos de la virtualidad que vienen aplicándose desde el inicio de la pandemia. Para que quede claro lo repito: los procesos educativos no se suspendieron, solo las clases presenciales. Continúan vigentes las que responden al sistema de educación mediada por tecnologías al que se recurrió desde marzo de 2020. Como eso no estaba en los dictados que el escriba le hiciera al agente de inteligencia del ejército Oscar Bernardo Centeno, parece que no se enteró. Por eso terminó diciendo que “la autonomía porteña, que si bien fue recortada por la ley Cafiero en 1995, mantiene las escuelas dentro de su gestión. Algo que luce obvio, más aún para un profesor de derecho”. Más allá de su discrepancia con los otros columnistas, fieles sostenedores de atribuciones que la ley 24.588 nunca otorgó a la ciudad-puerto, lo que Cabot no entiende es que el derecho a la educación es mucho más que la gestión por parte de las autoridades porteñas de las escuelas, gestión que solo puede calificarse como catastrófica, y que si no destruye las posibilidades de aprendizaje de lxs niñxs de Buenos Aires es gracias al trabajo de los docentes, tantas veces denostados por esas mismas autoridades. El derecho a la educación, que solo puede ejercerse si se aseguran primero el derecho a la vida y el derecho a la salud, puede también ser ejercido fuera de las escuelas y por otros mecanismos. Como viene ocurriendo, gracias a maestros y profesores. Luciano Román nos habla el 20/04/2021 de “Los aprendizajes de la rebelión de los padres”. Lo primero que hay que aclararle al escriba de marras es que los padres que supuestamente se rebelaron no son la inmensa mayoría que él pretende ver, desplegada en las redes sociales. Son los padres que aprobaron a un gobierno como el de Cambiemos, que durante cuatro años se preocupó en destruir la educación pública a nivel nacional. Son los que apoyan al gobierno porteño que viene haciendo lo propio desde 2007. ¿Se rebelaron esos padres cuando en lugar de los tres mil jardines de infantes que prometió el domador de reposeras no se construyeron ni cincuenta? ¿Se ofendieron cuando María Eugenia Vidal  se quejó de las universidades porque los pobres no deben llegar a ellas? ¿Hicieron saber su indignación frente a la rebaja del presupuesto educativo dispuesta por Rodríguez Larreta para el 2021? ¿Forman parte de los progenitores de los diecisiete mil niñxs sin vacantes en el sistema educativo de la Capital Federal? Seguro que no. En todo caso, son los que pueden enviar a sus hijxs a los colegios privados que llamaron a resistir el decreto presidencial. De ellos, si se puede aprender algo, es a no adoptar las mismas decisiones, a no comulgar con su ideología individualista y discriminatoria, a no privilegiar sus intereses económicos por sobre el derecho a la vida y a la salud. Román pretende que existe un gran malestar social, producto de que los argentinos han aprendido que “no podemos, para salvarnos del coronavirus, descuidar otros aspectos de nuestra salud, ni sacrificar la educación de varias generaciones, ni resignarnos a perder nuestros empleos y, con ellos, nuestra libertad y nuestra dignidad”. La salud la descuidó la gestión de los que no querían construir hospitales, los que no reconocen los derechos de los enfermeros profesionales, los que condenaron a perder sus empleos a miles de argentinos, los que deterioraron al máximo al sistema educativo al tiempo que endeudaron groseramente a varias generaciones de argentinos. Los mismos a los que sirve Román. Los mismos a los que están dirigidas las columnas de LA NACIÓN. Como la que el 20/04/2021 escribe Carlos Pagni, que advierte sobre “La educación en un país pobre: un conflicto estratégico”. Pagni es, generalmente, un poco más astuto que sus compañeros de ruta. Elige entonces contarnos que Raúl Alfonsín, para hacer frente a la crisis desatada por los alzamientos carapintadas, recurrió a la unidad de la política, e ilustra sus dichos recordándonos que quien fue convocado era el líder de la oposición, nada menos que Antonio Cafiero, abuelo del actual jefe de gabinete y mentor de la ley 24.588. Lo que omite decir es que lo que aquella crisis mostró, a diferencia de lo que ocurre hoy, fue a una oposición que supo deponer sus intereses partidarios para poner por delante de los mismos la defensa de la democracia que aparecía amenazada. Todo lo contrario de lo que ocurre hoy, con una oposición que defiende la muerte frente a los intentos del gobierno por garantizar el derecho a la vida y a la salud. Menuda diferencia, que Pagni ni siquiera roza en su columna. Por el contrario, atribuye a Alberto Fernández “dejar el rol del estadista para convertirse en el jefe de un bando. Y esto termina ordenando a todo el oficialismo que hoy elige la adversidad, el conflicto y la contradicción como el camino en medio de una crisis sanitaria que tiene muchas manifestaciones”. ¿Es el oficialismo el que hace tales elecciones? ¿O la oposición, empeñada en sabotear todo esfuerzo por construir barricadas que detengan el avance del coronavirus? No, Pagni no ve nada de eso, empeñado como está en parecer más un visitador médico que trabaja para Pfizer que en asemejarse a un periodista serio. Pagni hace aseveraciones que a primera vista parecen razonables, como cuando dice que “la única manera de pedirle a la sociedad que se progrese por el mérito es fijando un piso de igualdad de oportunidades en materia educativa. Si el pobre no recibe educación no se le puede pedir que compita en el mercado. De esta manera, el primer bien que necesita un pobre es el de la educación”. Ocurre que es falsa la idea del progreso por el mérito, tan cara al pensamiento neoliberal. Porque el piso de igualdad al que menciona Pagni se construye con políticas que aseguren la distribución equitativa de la riqueza, el crecimiento del empleo, el sostenimiento de políticas de inclusión social, la presencia de un Estado fuerte y decidido a combatir contra quienes sostienen solo los intereses de los grandes grupos económicos. Para los cuales trabaja Pagni. Quien, siguiendo la línea que hace unas semanas viene desplegando la empresa que le paga, dice que “Habría que volver a leer a Sarmiento para ver cómo pensaba él la educación. No la veía solamente como una forma de habilitación de derechos para el individuo, sino como organizador de la vida colectiva. Y del capitalismo”. Con esa frase, y seguramente sin que haya sido su intención, se le escapa una verdad, cosa difícil de encontrar en las páginas de la Tribuna de Doctrina. Porque está diciendo que para Sarmiento importaba más que la habilitación de derechos, la organización de la vida colectiva conforme al modelo capitalista. Tarea que el sanjuanino y su compinche don Bartolo cumplieron sometiendo al gauchaje a sangre y fuego, persiguiendo toda forma de oposición, construyendo un Poder Judicial cómplice y subordinando los intereses no solo nacionales sino los de la patria grande al deseo de la potencia hegemónica de aquellos tiempos, sangrienta labor que destruyó al Paraguay pujante del Mariscal Solano López, lo mismo que había destruido al interior argentino. Sarmiento y Mitre, impulsores primero de la secesión del Estado de Buenos Aires del resto de la Confederación, y luego, tras la traición de Urquiza en Pavón, los que construyeron el Estado-Nación de la dependencia y la frustración de un federalismo proclamado por la Constitución pero incumplido por los gobernantes, fieles devotos de la causa unitaria que entonces como ahora, antepuso los intereses de la ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María de los Buenos Aires a los del resto del país.