La democracia ultrajada
Hace escasos minutos, el pelotón de fusilamiento al que los poderes reales encomendaron la tarea de ejecutar a Cristina Fernández de Kirchner cumplieron la tarea para la que fueron designados. No voy a hacer el análisis técnico del disparate vergonzoso que han cometido Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, porque no resiste ningún tipo de escrutinio jurídico. Solo diré que condenaron por administración fraudulenta a alguien que no ejercía la administración de los bienes supuestamente desviados. Ni un estudiante de primer año de cualquier facultad de derecho podría haber sostenido una barbaridad semejante.
No. No voy a hablar en términos jurídicos. De eso seguramente se encargarán otros. Voy a hacer un poco de historia reciente. En septiembre de 2010 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó una querella por los delitos de lesa humanidad cometidos en la apropiación ilegal de Papel Prensa. La causa transitó por los tribunales de La Plata y por el Juzgado Federal Nº 3 de la Capital, hasta recalar en las manos de Julián Ercolini. Lejos ya del joven que ingresó en los tribunales “de Menores” del Departamento Judicial de Morón, recién llegado de Hurlingham, Ercolini era para ese momento Profesor Adjunto regular de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Durante varios años Ercolini dilató el procedimiento. Tomó algunas testimoniales, no muchas de las que había propuesto la querella, amplió los dichos de los también querellantes Lidia Papaleo y Rafael Ianover (al que a sus noventa y pico de años, y luego de haber declarado varias veces en la causa, tuvo más de cinco horas repitiendo lo que ya había contado) y tres años después de iniciada la causa ordenó una pericia que duró casi otros tres años. En el medio, se preocupó por no citar a los imputados, pese a que a los pedidos de las querellas se unió el fiscal. Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre, Héctor Magnetto entre otros, nunca pisaron el Juzgado Federal Nº 10. Un camarista federal, Eduardo Freiler, opinó que correspondía que esos personajes prestaran declaración indagatoria. Años después pagaría con su cargo tamaña osadía.
Finalmente, sin tomar en cuenta más que los argumentos de los abogados de Clarín y La Nación, cuando ya en la Rosada moraba el fanático de Netflix y era Ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano, antiguo jefe de su esposa, Ercolini sobreseyó a todos los imputados, que nunca habían declarado.
Un tiempo antes le había tocado intervenir en una de las tantas denuncias realizadas contra el gobierno kirchnerista. Era por las obras de vialidad en la provincia de Santa Cruz. Ercolini se declaró incompetente y remitió parte de las actuaciones al lejano sur. El resto permaneció convenientemente congelado. Las causas en Santa Cruz (fueron tres) terminaron en la nada: dos archivadas y una sobreseída. El pedazo que quedó en su poder fue convenientemente descongelado cuando el macrismo ejercía el gobierno. Tres años de instrucción, durante los cuales Ercolini se preocupó puntualmente de no hacer lugar a las medidas pedidas por la defensa de Cristina, con la invalorable colaboración de la Cámara Federal de Apelaciones, de la Cámara Federal de Casación y de la propia Corte Suprema. Finalmente, la causa fue elevada al Tribunal Oral Federal Nº 2. El pelotón de fusilamiento, diría Cristina.
Pero sigamos con Ercolini. El 17 de octubre de 2022 -sí, justo en esa fecha- se juntó con unos “amiguitos”: el Juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, al Juez de la Cámara Federal de Casación Carlos Mahiques, el Juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials, el Procurador de la ciudad de Buenos Aires Juan Bautista Mahiques, el Ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires Marcelo D’Alessandro , los directivos del grupo Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey y Tomás Reinke, asesor de comunicación, y Leo Bergot, ex funcionario de inteligencia. ¿Dónde? En los terrenos ocupados por el empresario inglés Joe Lewis. Uno puede imaginarse a qué fueron.
Como era un viajecito a Lago Escondido, pensaron, Ercolini y sus compinches, que todo quedaría, también, escondido. Pero los nombres de los viajeros y su destino salieron a la luz y fueron publicados en Página 12 y algunos otros medios, de los pocos que no están bajo el imperio de Magnetto. La alegre muchachada entró en pánico y se puso a idear estrategias y aprietes, que dejaron registradas en audios y mensajes. Órdenes a la Fiscal que tenía una denuncia por el caso, libretos para los que podrían ser citados como testigos, amenazas a futuro para el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, acuerdos para falsificar constancias para no ser cuestionados por recibir dádivas. Un amplio catálogo de delitos, en la voz de Ercolini y sus amigos.
La Universidad Nacional de Lanús, en un contundente comunicado, lo dijo claramente: A la reunión celebrada en los terrenos ocupados por el empresario inglés Joe Lewis, que de por sí es ya motivo de repudio, se suman las conversaciones mantenidas entre los nombrados, escritas y grabadas en audios, en las cuales se ponen en marcha diversas conductas ilícitas, entre las que se pueden mencionar las de otorgamiento y recepción de dádivas, violación de los deberes de funcionario público, encubrimiento, amenazas agravadas y hasta la mención de un posible futuro homicidio.
Esta connivencia entre magistrados, funcionarios públicos, empresarios, medios de comunicación y agentes de inteligencia atenta contra la institucionalidad democrática y pone en evidencia que las denuncias tantas veces efectuadas acerca de la utilización del Poder Judicial para la persecución política, potenciada por las campañas llevadas adelante por los medios de comunicación hegemónicos, adquieren realidad palpable y exigen, en consecuencia, la revisión de los procedimientos en los que los involucrados tuvieron actuación.
La salud de la República, tantas veces pregonada, requiere de todos los actores de la escena pública una actuación sujeta a las más estrictas reglas éticas. No existe la independencia del Poder Judicial cuando sus magistrados actúan en común acuerdo con quienes representan los poderes fácticos. Por ello se hace imprescindible que los magistrados involucrados sean inmediatamente suspendidos en sus funciones, mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes; que los funcionarios públicos sean apartados de sus cargos y que se actúe con el mayor rigor contra quienes pervierten la misma esencia del sistema democrático.
¿Qué respondieron desde la Tribuna de Doctrina? Para el servicial Carlos Pagni, “El Presidente desciende, solito, a los sótanos de la democracia” (06/12/2022). Lo grave no es lo que hicieron Ercolini y sus compinches. El problema es que Alberto Fernández habló por cadena nacional e instruyó a sus funcionarios a denunciar los delitos y a pedir la remoción de los magistrados y funcionarios intervinientes. O sea, se hizo cargo de un acto de espionaje ilegal. Nosotros no lo hicimos, dice Pagni. Y uno se pregunta: ¿quiénes son los nosotros que menciona Pagni? Porque en LA NACIÓN las grabaciones ilegales fueron publicadas y festejadas por los escribas al servicio de los herederos de don Bartolo. Algún pirinchaje risueñamente contaba que las grabaciones se las daban personas con las que se cruzaba mientras corría. Más preguntas: ¿cómo sabe Pagni que las conversaciones delictivas de los visitantes de Joe Lewis fueron conocidas gracias a un espionaje ilegal? Y aunque trate de cubrirse reconociendo que “Es verdad que el contenido es muy grave porque se trata de un grupo de jueces federales planificando delitos” lo cierto es que no se dedica a hablar de esos delitos sino a ajustar cuentas con viejos espías como Stiuso y compañía.
Fernán Saguier es mucho peor. Porque es uno de los directivos de la sociedad anónima que controla el grupo económico que edita LA NACIÓN. Para él, “Desde ayer, está en peligro la intimidad de todos” (06/12/2022). Arremete contra Alberto Fernández y dice: “Una cadena nacional, de las muy pocas que hizo durante su mandato, solo porque consideraba que conversaciones privadas ‘chupadas’ ilegalmente y difundidas por medios, en su mayoría kirchneristas, eran reprobables o las evaluaba como causal de posibles delitos. Chats y conversaciones personales que no constan en causa judicial alguna ni fueron requeridos por ningún magistrado, sino que simplemente pasaron de un hacker a redes sociales y medios oficialistas. Tampoco sabemos si ese contenido fue distorsionado por los técnicos que hacen posible hasta la construcción de imágenes falsas o si hubo omisiones deliberadas en la manipulación del caso”. Otro que sabe, vaya uno a saber cómo, que las conversaciones fueron chupadas ilegalmente. Y va más allá incluso de escribas de su medio, porque siembra la duda de un presunto armado de las conversaciones cuando Paz Rodríguez Niell, que cubre noticias judiciales, confirmó la llamada de Ercolini en los mismos términos que aparecen en las conversaciones.
Vuelvo al principio. El pelotón de fusilamiento cumplió su misión en los términos que LA NACIÓN, Clarín y otras usinas semejantes ya habían anticipado. Alejandro Carrió festeja: “Una condena histórica y un gigantesco paso adelante” (06/12/2022). Sí, Carrió. Es una condena histórica. Tan violenta e injusta como el fusilamiento de Dorrego, hace más de ciento setenta años. Y es un gigantesco paso adelante en la degradación de las instituciones, en la entronización de las prácticas mafiosas de un poder que no está precisamente en las sombras sino que se muestra impúdico.
Diego Cabot, el guionista de los falsos cuadernos atribuidos al agente de la inteligencia militar Oscar Centeno, también festeja: “Juzgar al poder cuando es poder, el inicio de un camino que ya no se puede detener” (06/12/2022). Igual, algo lo preocupa: “Pero eso importa poco para el kirchnerismo que sigue los dichos y las acciones de Cristina Kirchner como un dogma”. ¿Tendrá memoria Cabot, como para recordar cuándo y de qué manera nació el peronismo? Cuidado. Están despertando algo que no pueden dimensionar.
Cristina acaba de anunciar que no será candidata a nada. Que el 10 de diciembre de 2023 no tendrá más fueros y Magnetto podrá ordenarle a sus esbirros que la encarcelen. Eso si no consiguieron sicarios mejores que los que fallaron en el intento del primero de septiembre. Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Diego Santilli, María Eugenia Vidal y otros de los que formaron parte del saqueo que Macri y sus secuaces llevaron adelante del 2015 al 2019, mientras endeudaban a generaciones de argentinos y fugaban miles de millones de dólares, celebran el fallo y hablan, justo ellos, de decencia, de justicia, de república y de democracia. Todas cosas que les son ajenas.
Pero cuidado. La podredumbre puesta al descubierto por los audios y conversaciones de la pandilla de los huéspedes de Joe Lewis lo que demuestra, entre otras cosas, son las razones por las que Ercolini resolvió como resolvió la causa de Papel Prensa y le dio cauce a la causa de Vialidad. La mano oculta que guía el accionar de la familia Mahiques. Quién fue el que impulsó a Cayssials a promover la destitución de Alejandra Gils Carbó (¿Julio? ¿Qué Julio?). Por qué a Pablo Yadarola le pareció de lo más legal usar un mail anónimo para intervenir en las internas de la Policía Federal de manera tan poco jurídica que la Cámara de Apelaciones de su fuero revocó sus resoluciones con términos más que duros. La historia reciente nos muestra muchas cosas. Durante muchos años, el Poder Judicial, y los poderes políticos también, miraron para otro lado el reclamo de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos practicadas durante el reinado del Estado terrorista. Pero la injusticia no fue eterna. Más de mil condenados y juicios que siguen tramitando así lo prueban. Algún día, quizá no tan lejano, esta mezcla maldita de jueces, fiscales, dirigentes políticos, espías y empleados de los medios que obedecen las órdenes de un poder mafioso que hoy se siente feliz por la condena a Cristina, tendrán que rendir cuentas. El pueblo no olvida, no perdona y no se reconcilia.