La decisión política contra la impunidad

Aquí, un recorrido por los caminos que debió transitar la sociedad

para llegar al fin de la impunidad cívico-militar.

El Poder Judicial no es la Justicia. Democratizarlo sí Será Justicia.

Uno de los errores más comunes, en los que todos alguna vez incurrimos, es identificar al Poder Judicial con Justicia, olvidando que esta es un valor al que aspiramos, mientras que los tribunales, que debieran administrarla, muchas veces no lo hacen. El largo camino de la lucha contra la impunidad es un claro ejemplo de ello.
Basta recordar que, cuando Alfonsín impuso las leyes de punto final y obediencia debida, pocos fiscales y magistrados se animaron a declararlas inconstitucionales, mientras que la Corte Suprema las confirmó. Otro tanto acontecería después con los indultos de Menem, consagrados como válidos por la Corte de la mayoría automática.
Los tribunales seguían así una tradición nefasta, inaugurada por la Corte Suprema de 1930, presidida por Figueroa Alcorta, que nos dejó como legado la doctrina “de facto” que convalidó cuanta dictadura usurpó el poder en la Argentina.

De alguna manera, cuando se nombra a “la familia judicial”, para ilustrar ese mecanismo donde hijos y nietos suceden en los estrados tribunalicios a sus padres, se está también aceptando que por lo menos parte del Poder Judicial responde a una tradición conservadora y opera como una corporación.

La modificación parcial de las reglas que rigen la selección de nuestros jueces, producida con la introducción del Consejo de la Magistratura en la reforma constitucional de 1994, no ha provocado, hasta la fecha, la total renovación democrática que se reclama al Judicial como uno de los poderes del estado de derecho. Tal vez el cambio más radical lo haya producido Néstor Kirchner, al autolimitar las facultades del Ejecutivo en la elección de los integrantes de la Corte Suprema, mediante el Decreto 222/2003.
La consecuencia de esta renovación incompleta se ha hecho sentir, y con mucha fuerza, sobre la marcha del Proceso de Memoria, Verdad y Justicia reabierto con la anulación de las leyes del perdón. Sancionada y promulgada la Ley Nº 25.779 en agosto de 2003, los obstáculos para el juzgamiento de los genocidas quedaban removidos. Así, las víctimas y los organismos de derechos humanos se presentaron en las causas que habían quedado archivadas 16 años antes, e impulsaron su progreso.
Del mismo modo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, por decisión del Presidente Kirchner, se presentó como parte querellante en los juicios. Se trataba de una clara definición política: el Estado democrático acusaba al Estado terrorista. El mito de la “continuidad jurídica” sostenido desde 1930 cedía ante una concepción ética, basada en sólidos principios que indicaban que sobre la impunidad y el olvido es imposible construir una nación verdaderamente democrática.

Pero la reacción enquistada en el propio seno del Poder Judicial no se rindió tan fácilmente. Mientras que algunos magistrados, en su gran mayoría designados en sus cargos en la última década, demostraban compromiso en la tramitación de causas complejas, en las que la producción de prueba se veía dificultada por el paso del tiempo y, en muchos casos, por la muerte de testigos, en otros ámbitos los obstáculos de todo tipo adormecían los expedientes. El caso más notable fue la permanencia en la Cámara de Casación Penal, durante casi tres años, de la causa instruida por los crímenes ocurridos en la ESMA.

El Presidente de esa Cámara era Alfredo Bisordi, designado en el cargo en la época del menemato y con antecedentes de haber sido secretario de los tribunales federales durante la dictadura, y luego asociado con Juan Martín Romero Victorica ser el persecutor de Graciela Daleo, ya en épocas alfonsinistas. Luego del reclamo de celeridad en los juicios efectuado por Néstor Kirchner, en el acto celebrado en La Perla el 24 de marzo de 2006, y tras una catarata de denuncias en su contra, finalmente Bisordi renunció. A los pocos días, asumía la defensa de Luis Patti. Hay gestos que son mejores que cualquier explicación

Romero Victorica (que en el menemato había sido nombrado fiscal ante la misma Cámara de Casación), tuvo ocasión de mostrar sus convicciones en una audiencia en la que se discutía la excarcelación de Jaime Smart, Ministro de Gobierno de la dictadura en la Provincia de Buenos Aires, y del gobernador militar Ibérico Saint Jean. Tan enfático fue en sus palabras sobre los acusados que el acta labrada dejó sentado que “el fiscal alegó por la defensa”. Claro, cómo iba a acusar a “Jimmy”, al que conocía hacía 40 años. También Romero Victorica debió dejar su cargo, tras las denuncias que lo sindicaban como auxiliar de un apropiador.

Podríamos seguir dando ejemplos, como el caso del Juzgado Federal de Paso de los Libres,
en Corrientes, donde ¡14! Magistrados se abstuvieron de intervenir en la causa que investiga la desaparición de la comisión gremial interna de Estancia Las Marías. Todos alegaron algún grado de conexión con la familia Navajas Artaza, propietaria del establecimiento. O los años sin que se proveyeran las acusaciones contra Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma y sindicado como quien señaló a Luis Aredes y los desaparecidos de la noche del apagón. O la lenta marcha de las causas por los desaparecidos de Ford, Mercedes Benz o los astilleros de La Plata. Y cuando, con el recordado Eduardo Luis Duhalde denunciamos ante el tribunal de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura a los jueces de la Sala II de Casación que habían ordenado la excarcelación de los procesados por la Esma, 74 jueces, encabezados por Ricardo Recondo, entonces Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, se presentaron ante la Corte Suprema denunciando “la indebida injerencia del Poder Ejecutivo en la justicia”.

Tal vez la respuesta a tanta resistencia se encuentre en la propia matriz ideológica que ha nutrido, tradicionalmente, a grandes sectores del Poder Judicial, más cercanos a los genocidas que a los luchadores sociales. Baste señalar que muchos ex jueces (Brusa, Miret, Romano y otros), hoy están acusados por su participación activa durante el Terrorismo de Estado.

Acaso estos bienvenidos tiempos, donde el gobierno es igual al pueblo que lo eligió y cumple sus deberes, sin resignar los principios éticos que lo sostienen y que tienen en las Madres el gran ejemplo a seguir, sean propicios para llevar adelante, de una buena vez por todas, la reclamada y necesaria democratización del Poder Judicial. Será Justicia.

!NI UN PASO ATRÁS!

Asociación Madres de Plaza de Mayo
Año 3 Nº 16/ ENERO 2013/