Nuevos disfraces para viejas costumbres
Si algo faltaba para convencer a los más escépticos de que Mauricio Macri representa cabalmente un minucioso programa de reestructuración del bloque histórico dominante, el Decreto 683, fechado el 23 de julio de 2018, viene a completar un cuadro perfilado por la hegemonía de los sectores financieros más concentrados, asociados con el capitalismo agrícola ganadero que expresan la Sociedad Rural y sus aliados, y comandado por un ejército de CEOs que se subordinan al orden globalizado que pretende el FMI. Tal y como en tiempos de Videla y Martínez de Hoz.
El ingeniero que no sabe de economía ni de historia, refirió ante un auditorio plagado de uniformados con gesto adusto y expresiones que más bien reflejaban la preocupación y el malestar por los bajos salarios que otra cosa, que venía a saldar una deuda con las Fuerzas Armadas. ¿De qué deuda hablaba?
Conviene hacer un poco de historia. Uno de los consensos que se generaron a partir de la recuperación de la democracia en 1983, fue la necesidad someter a las fuerzas armadas al poder político. La ley de Defensa Nacional, de abril de 1988, separó la Seguridad Interior de la Defensa Nacional, y estableció que las Fuerzas Armadas serían utilizadas solo para repeler agresiones exteriores. A su vez, la ley de Seguridad de diciembre de 1991 deja fuera del sistema de seguridad a las Fuerzas Armadas, que solo podrán intervenir en cuestiones de seguridad, previa declaración del estado de sitio en el marco de una situación de extrema gravedad, y por ende excepcional.
Con ese espíritu, el Decreto 727 de junio de 2006 estableció que las Fuerzas Armadas sólo serían empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s, entendiendo como “agresión de origen externo” el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. El nuevo Decreto solo habla de “agresiones externas” no especificadas.
El pasado reciente dejó profundas heridas, consecuencias del accionar de Fuerzas Armadas convertidas en el brazo ejecutor de políticas antipopulares que alcanzaron su máxima gravedad en el Estado terrorista implantado el 24 de marzo de 1976, con su secuela de muertos, exiliados, perseguidos, y los 30.000 desaparecidos que aún reclaman justicia, más la trágica aventura de Malvinas.
Vuelta la democracia, Raúl Alfonsín intentó que las propias Fuerzas Armadas juzgaran sus crímenes (Decreto 158 de diciembre de 1983). Fracasó, y la Cámara Federal debió asumir la competencia en el Juicio a las Juntas, que aún con severas limitaciones (la selección arbitraria de casos, el no uso de la categoría de crímenes de lesa humanidad, la prohibición de participación de los damnificados como actores del proceso, entre otras), puso por primera vez en el banquillo de los acusados a los comandantes militares. Ese inicio de revisión del pasado se vio interrumpido con los cuestionamientos militares que, con su expresión más violenta en los alzamientos carapintadas, obtuvieron el dictado de las funestas leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los primeros indultos decretados por Carlos Menem, hasta el enfrentamiento de diciembre de 1990 y la derrota de Seineldin y sus seguidores y la segunda serie de indultos de Menem.
Los levantamientos no continuaron, pero sí las prácticas violentas y abusivas en el entrenamiento de los conscriptos, hasta que la muerte de Omar Carrasco en 1994 llevó a eliminar el servicio militar obligatorio.
El derrumbe del muro de impunidad cimentado en las leyes de perdón y los indultos, gracias a la política de Memoria, Verdad y Justicia impulsada por Néstor Kirchner y continuada por Cristina Fernández de Kirchner, no encontró colaboración en las Fuerzas Armadas, que negaron datos y trataron de entorpecer las investigaciones judiciales, reabiertas a pleno con la declaración de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y el fuerte impulso a los juicios, con la participación activa de la Secretaría de Derechos Humanos representando al Ejecutivo como querellante. Otro paso en la búsqueda de reconvertir democráticamente a las Fuerzas Armadas, fue la derogación del Código de Justicia Militar, en agosto de 2008, que terminó con los fueros especiales que protegían a los uniformados, votada unánimemente en el Congreso.
En todo caso, con juicios y leyes de perdón, con indultos y represión a los levantamientos, sin servicio militar ni códigos especiales, más allá de los distintos posicionamientos que tuvieron los gobiernos electos por el voto popular, desde 1983 en adelante, a ninguno se le ocurrió recurrir -al menos abiertamente-, a las Fuerzas Armadas para reprimir conflictos internos. Ni siquiera durante el Estado de Sitio que Fernando de la Rúa decretó en el funesto diciembre de 2001 se llegó a tales extremos.
¿Qué cambió ahora para este nuevo orden que propugna Macri? El enfoque propio de las sociedades democráticas solo autoriza tareas de las Fuerzas Armadas para enfrentar un ataque armado de otro Estado (enfoque realista) hoy se ve enfrentado por quienes propugnan que los militares también pueden cumplir tareas en el orden interno, frente a amenazas tales como grupos terroristas, movimientos sociales, organizaciones populares o pueblos originarios que reclaman por sus derechos (enfoque neorrealista). Esto no es más que el disfraz de la vieja doctrina de seguridad nacional, fundamento de las dictaduras que atravesaron América Latina entre 1964 y 1989. El alineamiento incondicional que muestra el gobierno de Cambiemos en su política de sumisión hacia los Estados Unidos, aunque no sea correspondido por el “amigo” Trump, lleva a adoptar estas teorías, sin que existan situaciones que justifiquen un cambio de orientación en la materia.
La confusión entre “seguridad” y “defensa” ha sido alentada por Patricia Bullrich, verdadero motor de la temática, mucho más que un incompetente Oscar Aguad. Los mapuches son presentados como grupos armados que pretenden constituir un nuevo estado; la protesta social como la incubadora de formas de terrorismo; y los escasos éxitos en el decomiso de drogas contrabandeadas, como operaciones de gran magnitud.
Ahora bien, atribuir al reclamo de los pueblos originarios por la propiedad de sus tierras la intención de conformar un estado diferente al nacional, es un absurdo que no resiste el menor análisis, a poco que se comprenda que las formas organizativas del Estado-Nación heredadas de Europa son ajenas por completo a la idiosincrasia y la cultura sea de mapuches, qom, guaraníes, wichis o cualquiera otra comunidad aborigen de las existentes en el país.
Las políticas impulsadas por Cambiemos condenan a la marginación, la pérdida de trabajo, el abandono de la educación y la salud públicas, y la exclusión del tejido social, a núcleos cada vez más numerosos que frente al crecimiento de los niveles de pobreza e indigencia solo cuentan con la marcha y el piquete para hacerse oír, en un ejercicio de libre expresión del que también se pretende privarlos so pretexto de terrorismo. Y si hablamos de narcotráfico, Cambiemos debería mirar hacia su interior. Diputadas del Chaco, intendentes del litoral, los jefes de la juventud macrista se ven envueltos en escándalos relacionados con la droga, el lavado de dinero y el financiamiento de campañas políticas.
En ese contexto, los considerandos del Decreto 683/18 prestan abono a viejas pretensiones militares que ubican al Ejército (y por extensión, a todas las Fuerzas Armadas) como preexistentes a la patria, y por ende, cuasi superiores a ella. El monopolio de la fuerza, que Max Weber veía como fundamento de la existencia del Estado, no se refiere precisamente al predominio militar sino a su sometimiento al poder civil, como garantía de que no se cometerán excesos ni tropelías. Dejar a merced del Ejecutivo la disposición del uso de la fuerza militar “desde la crisis hasta la guerra” es claramente el camino hacia el autoritarismo negador de la esencia misma de la democracia.
Macri prefiere el uso y abuso del Decreto antes que el debate parlamentario, convencido de que en ese campo se encuentra en desventaja, más allá de la compra de voluntades que gestiona desde el primer momento. Confía en un Poder Judicial sometido y obediente a sus designios, que lo salve de la evidente incongruencia de la norma que acaba de emitir con el sistema de garantías constitucionales propio de un Estado democrático de derecho.
La idea que sostiene las nuevas (viejas) atribuciones que se busca conferir a un aparato militar solo es un pretexto para disponer de los recursos militares para la represión.
A casi treinta y cinco años de gobiernos electos por el voto popular, el aparato militar no ha dado muestras de repudio de su pasado genocida, sigue rechazando la Memoria de las luchas populares y no ha colaborado con la búsqueda de Verdad y Justicia.
Vuelvo a la pregunta del comienzo. ¿Qué deuda está pagando Mauricio Macri con las Fuerzas Armadas? ¿Será del pasado que permitió el enriquecimiento de su familia, al calor de la dictadura genocida? ¿O será que frente a la imposibilidad de dar marcha atrás en el enjuiciamiento y castigo de los genocidas, visto el enorme repudio popular que concitaron sus posturas negacionistas o intentos de consagrar la impunidad como el fallo del dos por uno, quiere empoderar al aparato militar por sobre las instituciones democráticas?
En cualquier caso, solo cabe el repudio y la movilización popular para impedir que, con nuevos disfraces, vuelvan viejas costumbres.
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