Mentiras desmenuzadas
A veces no es necesario buscar en muchas de las columnas que publica la Tribuna de Doctrina para encontrar la dosis de mentiras, informaciones falsas y discursos de odio que me permiten escribir estas líneas. Alcanza con dos o tres, que dan la pauta de cómo se manejan los empleados de la Sociedad Anónima que heredó las malas prácticas de don Bartolo el fundador.
Vamos por partes. Primero, con las editoriales, que no llevan firma pero que se supone que expresan la línea ideológica a la que responde LA NACIÓN. El 13 de abril de 2023, titulaban: “Carlos Pedro Blaquier: un gran empresario argentino” y agregaban que “El fallecido presidente de Ledesma sufrió infundadas acusaciones que fueron producto del odio, el resentimiento y la ceguera ideológica”. Falso. Carlos Pedro Tadeo Blaquier nunca llegó a ser condenado porque entre la Cámara Federal de Casación y la Corte de los Milagros lo protegieron el tiempo suficiente como para que operara el llamado “punto final biológico” solución impulsada en los Tribunales para que ciertos personajes mueran sin condena y por ende, como impunes frente a los crímenes que cometieron.
Pero las acusaciones en su contra estaban más que suficientemente fundadas. Por un lado, estaba procesado por dos secuestros realizados el 24 de marzo de 1976 -el mismo día del golpe- y otro hecho más de los primeros días de abril del mismo año. Una de las víctimas era Luis Aredez, que fuera Intendente de Libertador General San Martín, el pueblo jujeño donde se encuentra el Ingenio Ledesma. Aredez estuvo detenido hasta el 23 de marzo de 1977. El 13 de mayo de 1977 lo volvieron a secuestrar y desde entonces permanece como detenido-desaparecido.
Hubo otros veintiséis casos por los que Blaquier fue procesado. Fueron hechos ocurridos durante lo que se conoce como La noche del Apagón y lo que se tuvo por suficientemente probado fue que la empresa que presidía Blaquier proveyó a las fuerzas armadas y de seguridad que participaron en los sucesos los vehículos que precisaban para llevar a cabo el operativo.
Entre el 20 de julio de 1976 -cuando se produjo el primer corte total de la energía eléctrica en Libertador General San Martín y Calilegua, una localidad vecina- y el 27 de julio del mismo año, un conjunto de policías, efectivos del ejército y de la gendarmería sitiaron esas localidades y detuvieron ilegalmente a alrededor de cuatrocientas personas, de las cuales aún permanecen como detenidxs-desaparecidxs cincuenta y cinco. El corte no afectó las instalaciones del Ingenio Ledesma.
Las mentiras no terminan ahí. Sigue la editorial diciendo que “Desafortunadamente, Blaquier tuvo que sufrir el resentimiento y la persecución política e ideológica, que desde hace décadas viene ensombreciendo nuestra convivencia civilizada, castigando en particular a quienes han trabajado para el desarrollo y la modernización del país” y agrega que “Como en muchos otros casos, su nombre fue utilizado por activistas de derechos humanos con el velado propósito de ir tras los bolsillos del empresariado local”.
Lo que LA NACIÓN llama ”el resentimiento y la persecución política e ideológica” es lo que conocemos como el Proceso de Memoria, Verdad y Justicia por el cual nuestro país ha sido reconocido internacionalmente. Es claro que para los herederos de Mitre la lucha contra la impunidad de los genocidas es algo que los afecta personalmente, porque apoyaron a la dictadura y defienden a quienes llevaron adelante un plan sistemático de represión que se desplegó a través de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. Que es lo que han juzgado los tribunales en estos casos, como el de Blaquier. La intencionalidad maliciosa de la editorial queda de manifiesto cuando falsamente atribuye a los defensores de derechos humanos propósitos monetarios. En realidad, la Tribuna de Doctrina sigue preocupada por la eventualidad de que algún día jueces que no sean como sus amigos de Comodoro Py y Lago Escondido hagan justicia en el caso de la apropiación ilegal de Papel Prensa.
El 16 de abril de 2023 el inefable cronista del Operativo Independencia escribe y dice que “Todos somos ciudadanos bajo sospecha”. Ojo que en su caso, bien podría ser aplicable el título, porque una gran parte de la ciudadanía sospecha de los vínculos de Morales Solá con los integrantes de esa infame mesa judicial armada por el macrismo para perseguir a sus opositores. Pero don Joaquín se refiere a otra cosa. Veamos. Frente a declaraciones poco felices del Ministro de Seguridad, se pregunta “¿de dónde saca Aníbal Fernández que la oposición optará en el gobierno por políticas que tendrían semejantes consecuencias? ¿O, acaso, el ministro tiene agentes infiltrados entre los opositores, les hackeó los teléfonos o les colocó micrófonos en sus oficinas?”. A ver. No es muy buena la frase de Aníbal, cuando anticipó que de ganar la oposición haría correr ríos de sangre para imponer sus políticas, pero lo triste es que muy probablemente se torne en realidad si alguna de las opciones de la derecha vernácula llega al poder. Pero Morales no desmiente que ello sea posible sino que se preocupa por cómo llegó Aníbal a saberlo. Casi casi que es lo mismo que darlo por cierto.
Afirma después que “el Gobierno actual usa los servicios de inteligencia para los menesteres domésticos de la política como si fuera una práctica normal”, frase muy pertinente para describir los usos que el macrismo hizo de espías y otras yerbas similares, por lo que de haber sido publicada entre 2016 y 2019 hubiera sido una verdad irrefutable. Pero hoy es una mentira más. A este gobierno se le pueden imputar muchas cosas, sobre todo las que no hizo. Pero en materia de espionaje tuvo el acierto de haber designado como Interventora en la AFI a Cristina Caamaño, quien desnudó la podredumbre que el macrismo había instalado en esos ámbitos. Lo hecho por el gobierno, al desmantelar la trama urdida entre jueces, fiscales, periodistas y empleados de las empresas de medios es lo que molesta a Morales Solá.
Para don Joaquín, Lago Escondido es “un bello lugar cerca de Bariloche, que es una propiedad privada y también un edificio que puede contratarse como hospedaje” en lugar de un paraje de nuestra patria ocupado por un magnate inglés amigo del dormilón de Netflix que se maneja por fuera de las leyes argentinas. La reunión de sus amiguitos de Comodoro Py en ese paraje, con directivos de Clarín, y las conversaciones posteriores en las que planificaban cometer diversos delitos para cubrir sus huellas, no es nada grave. “El viaje de los jueces fue posiblemente un error, pero ninguna prueba los vincula con un delito o una confabulación”, sostiene en defensa de Julián Ercolini, Carlos Mahiques y los demás huéspedes de Joe Lewis.
Pero lo más espantoso de la nota aparece cuando Morales se refiere al armador de la mesa judicial macrista: “Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón, un ex asesor de Macri actualmente exiliado en Uruguay”. No, Morales. Rodríguez Simón está rebelde en causas que tramitan en nuestro país y en las que aparece imputado. No está “exiliado” en Uruguay sino que está prófugo. Tampoco es cierto que a Carlos Stornelli le hayan armado una causa en Dolores sino que, de mínima, lo que está probado es que intentó usar los servicios de Marcelo D’Alessio para incriminar a la actual pareja de su ex y para espiar al abogado José Manuel Ubeira.
Una mentira más de don Joaquín: dice que “Ramos Padilla fue luego ascendido a juez federal de La Plata con la función clave de juez electoral de la provincia de Buenos Aires”. Falso. No se trató de un ascenso: Alejo Ramos Padilla era Juez Federal de primera instancia y lo siguió siendo, salvo que, por haber ganado el concurso pertinente, se lo trasladó con la misma jerarquía de Dolores a La Plata.
Para terminar con esta columna y no agotar la paciencia de los eventuales lectores, vamos a otra editorial, esta vez del 17 de abril de 2023 y bajo el título “La práctica ilegal del espionaje”. Título que llama a engaño. Porque LA NACIÓN -o su editorialista- no se refieren a los usos comunes que Mauricio Macri ha hecho del espionaje a lo largo de su carrera, no solo para descubrir las intenciones de sus opositores sino para controlar a su propia tropa y hasta a su familia. No, LA NACIÓN no se tira nunca contra el ingeniero poco ingenioso, que al parecer es de su propia tropa, o acaso unido por intereses que van más allá de lo ideológico, y que como es usual en nuestra derecha, se basan en lo económico. ¿Quiénes serán los dueños y/o asociados en el canal LA NACIÓN+?
Ojo, al principio de la editorial se dice que “El gobierno de Mauricio Macri tampoco ha escapado de denuncias de este tipo”. Claro que es muy distinto decir que hubo denuncias a afirmar que durante los gobiernos de Juan Perón hubo un “estado de delación permanente que se estableció en esa época en la administración pública, en la Justicia y hasta en la vida íntima de los hogares” y que “en los períodos que ha tocado gobernar a Néstor y Cristina Kirchner y al hijo político, Alberto Fernández, aquella vocación por saber lo que hablan los adversarios haya llegado a un punto de paroxismo por la psicología y comportamiento de las personalidades involucradas”. Como es costumbre inveterada del pasquín de los Mitre-Saguier, tamañas afirmaciones no están avaladas por ninguna prueba, sino solo por los dichos del editorialista (cuya identidad se ignora).
La intención no declarada pero que queda abiertamente al descubierto de la editorial en cuestión es la de limpiar de culpa y cargo a los protagonistas de las escandalosas conversaciones sostenidas por el ex Ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, que se hicieron públicas en los últimos meses. Nada se dice del contenido de esas conversaciones -que abarcan tópicos tan distintos como la planificación de distintas adulteraciones de documentos, el deseo de detener y maltratar al jefe de la PSA, las comisiones ilegales por negocios en la Ciudad Autónoma y los fallos de cortesanos y otros magistrados-, pero sí se sostiene que fueron obtenidas ilegalmente y se deja traslucir que los autores de la intromisión en las aplicaciones de los teléfonos en cuestión serían de la Casa Rosada.
Para demostrar la impudicia y el descaro del editorialista, basta recordar cómo desde el mismo diario desataron un festival de acusaciones y ataques de todo tipo contra Cristina Fernández de Kirchner, allegados y funcionarios de su gobierno, por la aparición de grabaciones manifiestamente ilegales que para peor eran manipuladas perversamente, cuestión que quedó absolutamente en claro cuando quedaron a la luz hasta los cableados ilegales que se instalaban en establecimientos penitenciarios, y grabaciones obtenidas por los propios espías del momento que mostraban cómo se confabulaban jueces, funcionarios y empresarios para perseguir al odiado kirchnerismo.
En esos casos, donde la ilegalidad ha quedado más que suficientemente demostrada y por consiguiente, la mala intención de quienes utilizaron esos recursos para intentar destruir legal, ética y socialmente a sus opositores, LA NACIÓN no se quejó. Por el contrario, alegremente alguno de sus empleados decía que recibía el material de ignotos proveedores que se le cruzaban corriendo por los bosques de Palermo. La hipocresía en su máximo nivel.
No tienen vergüenza. No hacen un ejercicio ético de la noble misión de informar. Sólo despliegan su odio y su malicia. Cada nota desmenuzada solo deja como resultado un montón de falsedades. Habrá que decir, de una vez por todas, que lejos de ser periodistas o comunicadores son, pura y simplemente, mentirosos.