Otra vez
Argentina, 19 y 20 de diciembre de 2001. El gobierno de Fernando de la Rúa, que integran
entre otros Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta, enfrenta
movilizaciones populares que muestran el descontento de la población con la política. Que
se vayan todos, es el reclamo generalizado. La respuesta es una brutal represión que causa
treinta y nueve víctimas. De la Rúa renuncia y se aleja en un helicóptero. La Alianza ha
fracasado rotundamente.
Jujuy, junio de 2023. Gobierna Gerardo Morales, que representa a la nueva alianza, Juntos
por el Cambio, donde se presentan como precandidatos presidenciales Patricia Bullrich y
Horacio Rodríguez Larreta. El triunfo en las elecciones provinciales envalentona a Morales,
que impulsa una reforma constitucional que rápidamente se da como aprobada. La
población jujeña sale a reclamar por sus salarios, su tierra, su derecho a participar de algo
tan importante como el plan de vida en común que se configura en un texto constitucional.
Como en la época de la dictadura, cuando Carlos Pedro Tadeo Blaquier señalaba a las
comisiones gremiales y prestaba los vehículos del Ingenio Ledesma para que se llevaran a
los detenidos-desaparecidos, Morales desata la represión más feroz, con personas que
sufren golpes y disparos que llevan a que un joven de diecisiete años pierda un ojo, y
camionetas blancas de empresas contratistas del gobierno son usadas para llevar a las
cárceles a decenas de personas.
¿Qué dice la Tribuna de Doctrina? Por un lado, celebra el “Fuerte gesto de unidad en JxC
para respaldar al gobernador” (21/06/2023). “En una conferencia de prensa conjunta, los
líderes opositores se solidarizaron con Morales ante lo que consideraron un “atropello
descomunal” a las instituciones y repudiaron las manifestaciones violentas de dirigentes de
la izquierda y del kirchnerismo, que intentaron ingresar a la sede del Poder Legislativo para
frenar la aprobación de la nueva carta magna de la provincia. En medio de las negociaciones
frenéticas por el cierre de listas electorales con vistas a las PASO, los jefes opositores
lograron dejar de lado sus diferencias por unas horas y exhibir una señal de articulación para
darle un espaldarazo a Morales por la crisis. Tanto Larreta y Bullrich como el radical Martín
Lousteau, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro
Republicano Federal) y José Luis Espert (Avanza Libertad) coincidieron en apuntar contra el
gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner por el violento ataque de los
manifestantes a Legislatura provincial y las protestas en las rutas de Jujuy contra los
cambios en la Constitución”. La unidad tan reclamada de la derecha, se da por uno de los
hechos más significativamente antidemocráticos: el ataque violento, desde el poder, contra
la disidencia. ¿El plan de gobierno de Juntos por el Cambio, si triunfa en las presidenciales?
“Una violencia que anticipa más violencia” (escribe Joaquín Morales Solá, el 21/06/2023).
“Las principales rutas de Jujuy siguen cortadas por grupos de piqueteros, la mayoría de ellos
identificados políticamente con el kirchnerismo”. Falso. Ni piqueteros ni mayoritariamente
kirchneristas: pobladores desalojados de sus campos, docentes reclamando paritarias,
empleados estatales protestando por sus salarios miserables. “La protesta es por la reforma
constitucional y, más precisamente, por sus artículos 50, referido a los derechos y garantías
de los pueblos indígenas, y el 36, cuya ampliación actualizaba el derecho a la propiedad
privada”. Falso. La protesta comenzó días antes de la aprobación de la reforma, y con un
contenido de reclamos salariales. Con el correr de los días, y con la aprobación de la reforma
entre gallos y medianoches, el reclamo se amplió y se pidió que se dejara sin efecto toda la
reforma, no solo esos dos artículos.
“El mandatario provincial, que es también precandidato presidencial de Juntos por el
Cambio, ordenó la represión con balas de gomas y gases lacrimógenos cuando los
manifestantes amenazaban con destruir la sede de la Legislatura provincial; de hecho,
algunos manifestantes que lograron entrar al recinto parlamentario comenzaron a prender
fuego. Los desmanes se trasladaron luego a la calle, donde los revoltosos incendiaron y
destruyeron varios automóviles particulares”. Falso. En la represión, como claramente se
pudo ver en las transmisiones televisivas, quienes comenzaron a prender fuego fueron
personas de civil, ajenas a las manifestaciones, que contaban con la aquiescencia policial. El
vehículo incendiado era de propiedad de Santiago Zamora, dirigente del PTP y la CCC, y de
Miriam Morales, referente histórica de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy y
secretaria de genero de la CTA Autónoma.
“Morales mantuvo en el nuevo texto de la Cons`tución la prohibición de cortar las rutas
provinciales. Esa disposición es ahora el centro de las violentas protestas. Fue considerada
por el kirchnerismo y la izquierda como un menoscabo del derecho a la protesta. Sin
embargo, ese artículo de la nueva Constitución jujeña está respaldado por la Constitución
nacional, que garantiza la libre circulación de los argentinos, y por el artículo 194 del Código
Penal, que sanciona a cualquiera que estorbe o impida el transporte por tierra, aire o mar”.
Una versión que sólo se ajusta parcialmente a la realidad y la deforma, y que por lo tanto es
falsa. La Constitución habla del derecho de los habitantes de entrar, permanecer, transitar y
salir del territorio argentino, luego de consagrar el derecho de peticionar a las autoridades.
El Código Penal, por su parte, habla del que, sin crear una situación de peligro común,
impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra,
agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad
o de sustancias energédcas. Cortar una calle, o una ruta, no impide que se use otra vía de
circulación. Que se causan molesdas nadie lo niega, pero se endende que es la manera en
que quienes reclaman pueden hacerse oír.
Por otra parte la Constitución en el inciso 12 del argculo 75, referido a las facultades del
Congreso, establece claramente que la legislación penal es una facultad exclusiva del
Congreso federal y por ende vedada a las provincias. Cuando la reforma en el apartado 3 del
inciso 4 del nuevo artículo 67 de la Constitución jujeña establece la prohibición de cortes de
calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de
las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la Provincia, está creando una
nueva figura delictiva en abierta violación de lo establecido constitucionalmente.
El inciso 22 del art. 75 de la Consdtución Nacional otorga al Congreso Federal la facultad de
aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones
internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos denen
jerarquía superior a las leyes. Sin embargo, el juego de los arts. 3, 145 inc. 33 y 159 inc. 7
incluidos por la reforma de Morales faculta al gobernador, con la aprobación de la
legislatura, a “aprobar o desechar los acuerdos y convenios celebrados con la Nación, las
Provincias, los municipios, los entes públicos y privados extranjeros, y los organismos
internacionales y otras potencias extranjeras”; solo debe anoticiar al Congreso Federal.
Como si fuera una entidad independiente.
Por acá va lo que realmente se busca con la reforma. Que establece “la protección de los
recursos naturales existentes en su territorio frente a cualquier injerencia indebida de la
Nación, o de otras provincias, promoviendo el aprovechamiento sostenible de esos recursos”.
Para eso se faculta a celebrar tratados, acuerdos y convenios. Léase, para explotar el litio sin
compartir sus beneficios con nadie. O sea, como lo pidieron la titular del Comando Sur de
Estados Unidos, Generala Laura Richardson, o la presidenta de la Comisión Europea Úrsula
von der Leyen, en sus recientes visitas.
Como previsiblemente esa entrega del patrimonio nacional, por otra parte cargada de
riesgos ambientales que en nada preocuparon al gobierno de Morales desde diciembre de
2015 y hasta ahora, va a ser rechazada por la población, ahí viene la prohibición de la
protesta y su criminalización. Y por si alguien tiene dudas de cómo piensa proceder la
derecha en el poder, las imágenes de la represión en Jujuy se las aclara.
Claro que algunos se empeñan en ver cualquier otra cosa, y en igualar lo que no puede ser
comparado. “El kirchnerismo, la izquierda y su ensayo destituyente” reza la editorial de LA NACIÓN
del 22/06/2023 que se queja de la no condena de Alberto y Cristina sobre el caso de Cecilia
Strzyzowski, la joven desaparecida en Chaco. Por supuesto que ese caso merece toda la
atención, y si como todo parece indicar, se establece que se trató de un brutal femicidio, sus
responsables deben ser sancionados con todo el peso de la ley. Pero ocurre que solo tres
días después de la denuncia de desaparición de la joven, comenzaron las detenciones de los
imputados, sin que las impidiera su calidad de dirigentes sociales vinculados al gobierno de
Jorge Capitanich. Siete personas detenidas y ningún obstáculo para la actuación judicial. ¿En
qué se puede parecer eso a la brutal represión desatada por Morales y aplaudida por sus
socios de Juntos por el Cambio?
La editorial no se priva de dejar sentadas más falsedades: “las acciones de vandalismo se
profundizaron y el nivel de violencia creció, con el aporte de activistas ligados a la
agrupación Túpac Amaru, liderada por Milagro Sala, y de grupos izquierdistas y kirchneristas
que, en algunos casos, llegaron en los últimos días desde la provincia de Buenos Aires”. Hace
más de siete años que Milagro Sala está injustamente detenida. No se detectó la presencia
de militantes de su agrupación, en las protestas. En las decenas de detenidos no hubo nadie
de la provincia de Buenos Aires. Sólo un disparate pronunciado por el jefe de policía, que
supuso que los manifestantes tenían tonada porteña, y una fotografía publicada por
Morales que rápidamente se demostró que correspondía a un suceso de abril de 2022 en la
localidad bonaerense de Guernica, abonaron la mentira del pasquín neo mitrista.
Por las dudas, en medio de todo esto, otra editorial de LA NACIÓN (Jueces sin justicia: a 50
años de una decisión histórica, 21/06/2023) reivindica la actuación de la tristemente célebre
Cámara Federal en lo Penal, el engendro creado por la dictadura de Alejandro Agustín
Lanusse para contar con una comisión especial -de las que expresamente prohíbe la
Constitución- que diera un barniz supuestamente jurídico a la persecución contra la
oposición. Miente el editorialista cuando sostiene que “Durante el funcionamiento de este
órgano de justicia de tan corta como relevante actuación, no existió una sola persona
desaparecida”. Sin esforzar mucho la memoria, aparecen los casos de Marcelo Verd y su
esposa Sara Palacios, desaparecidos el 2 de julio de 1971 en San Juan; de Mirta Misetich,
que fue secuestrada ilegalmente el 13 de julio del mismo año en la Capital Federal, o de Luis
Pujals, desaparecido el 17 de sepdembre de 1971 en Rosario. Ninguna de esas
desapariciones fue esclarecida y sus autores gozan de impunidad.
Frente a la posibilidad de que se cumplan sus deseos y la derecha gane las elecciones,
¿extrañará LA NACIÓN la posibilidad de contar con un nuevo Camarón que encarcele
opositores por todo el país? Porque hay cosas que siguen iguales. Como en 1971. Como en
1976. Como en diciembre de 2001. La derecha no cambia de métodos, su única voluntad es
la de enriquecer a unos pocos a costa de las mayorías. Nada de derechos para la gente, y
represión, violencia y muerte para el que se oponga. La historia se repite. Aunque se llenen
la boca de palabras como democracia, república, insdtuciones y paz social lo único que
muestran es el pestilente hedor de la muerte.